Después de que la Convención Constitucional votara por el rechazo al derecho a voto desde los 16 años de edad, se aprobó una disposición que sin afirmarlo expresamente los autoriza para ello, al aseverar que “el sufragio será personal, igualitario, secreto y obligatorio. No será obligatorio para las y los chilenos que vivan en el extranjero y para las y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años”. La aprobación dio lugar a una polémica, puesto que resultaba evidente que la mayoría de la Convención no alcanzaba para crear esta nueva posibilidad, pero se dejó en un artículo la excepción de su obligatoriedad, de donde se deduce que tendrán este derecho. Algunos convencionales señalaron que se trató de “una trampita”, pues no consideraron que fuera esta la manera de abordar un asunto que podría interesar a toda la ciudadanía y, directamente, a cientos de miles de chilenos. Como fuera, el texto ha quedado incorporado al borrador constitucional que se presentará al plebiscito de salida en septiembre.

La idea de que jóvenes adolescentes puedan participar en las elecciones ha estado en el debate en muchos países, pero son muy pocos los que la han aceptado. La inmensa mayoría ha fijado el derecho a voto a partir de los 18 años, con muy escasas excepciones que solo lo permiten a los 21 años o a los 16, si bien en estos últimos casos es casi siempre reservado a cierta clase de elecciones. Austria fue el primer país de la Unión Europea en otorgarles el derecho a voto a los menores y es hasta ahora el único que lo permite en elecciones nacionales. En Estados Unidos se discute en muchos estados, pero hasta ahora ninguno lo ha aprobado. En América Latina existe esa disposición en Brasil, desde la Constitución de 1988. Luego siguieron Argentina, Ecuador, Cuba y Nicaragua, si bien en estos últimos dos países no se llevan a cabo elecciones libres.

En los países en que se ha planteado cambiar la edad de los votantes se han registrado largos estudios y debates, pero aquí en Chile el cambio propuesto, por la forma en que se llegó a votar, parece haber sido más bien accidental. La experiencia recogida en los países que lo han hecho no es clara en demostrar modificaciones significativas de los resultados electorales con la incorporación de los nuevos votantes, los que inicialmente han tenido buena participación. Las principales razones para limitar el derecho a voto por edad se fundamentan en la inmadurez de los más jóvenes, que no siempre están preparados para asumir responsabilidades de importancia. A diferencia de otras exclusiones, esta no es completamente arbitraria. El desarrollo cerebral de una persona no se completa sino hasta la adolescencia tardía, aunque, si bien no hay hitos muy definidos de desarrollo, faltan por completarse diversas etapas, especialmente en la corteza prefrontal, necesaria para el desarrollo de un pensamiento coherente basado en la razón.

En Chile, además, la participación de escolares en situaciones violentas de motivación política hace menos aconsejable experimentar con una idea que bien podría tener consecuencias para los propios adolescentes. Una politización creciente en establecimientos escolares podría llevar a situaciones inconvenientes para ellos y sus profesores, desorientando el proceso educativo. Si marginados de la política ellos se manifiestan de una forma que revela las dificultades para controlar sus impulsos, que son propias de la edad, no se advierte de qué modo la participación política podría contribuir a serenar los ánimos y facilitar un debate razonado, que debiera ser uno de los objetivos de la educación.

La extensión del derecho a voto posiblemente ha sido estimada por la izquierda, dominante en la Convención, como un hecho ventajoso para sus aspiraciones. Pero, aunque es difícil que con ello consigan impactar las decisiones públicas en el país, bien podrían generar dificultades adicionales a la educación de muchos jóvenes que hoy asisten a colegios inmersos en la lucha política.