La celebración del 1 de Mayo contemplaba dos marchas de trabajadores. Una, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), desde Plaza Italia a Santa Rosa, y la otra, convocada por la Central Clasista de Trabajadores, desde Brasil con Alameda hacia la Estación Central. Cuando esta segunda marcha llegó a la zona comercial del barrio Meiggs, tuvieron lugar graves incidentes. En ese sector, un grupo de comerciantes —un porcentaje de los cuales es extranjero— se han tomado desde hace ya tiempo espacios públicos para poner allí sus puestos de venta. Los incidentes del domingo se iniciaron cuando, con la llegada de los manifestantes, encapuchados atacaron e intentaron saquear esos puestos, así como otros locales, lo que generó la respuesta de los comerciantes o de quienes actúan como sus virtuales “guardias de seguridad”, mediante la utilización de pistolas de fogueo y también de armas de fuego. El saldo de la refriega dejó varios heridos, uno de ellos una periodista, quien se encuentra en riesgo vital.

Se trata de una zona en la cual ya han ocurrido tres homicidios en lo que va de 2022. Al parecer, la violencia se genera a partir de la ocupación de espacios públicos para prácticas comerciales, espacios asignados y defendidos por verdaderas mafias, que resuelven sus diferencias de manera violenta. El pasado viernes fue detenido un individuo, imputado de haber dado muerte en plena vía pública y de cuatro balazos a otro de los supuestos controladores del área. Según el alcalde de Estación Central, el 80% de quienes comercian en puestos marcados mediante “toldos azules” son migrantes, que no encuentran otra manera de ganarse la vida. Con todo, cualquier análisis de lo ocurrido el domingo no puede prescindir de la violencia ejercida por los manifestantes encapuchados, similar a la que suele observarse en otras áreas de la ciudad —por ejemplo, en torno a la Plaza Baquedano—, pero que aquí encontró una también violenta respuesta, lo que generó un cuadro de enfrentamientos entre civiles frente a un Estado aparentemente impotente.

Estos incidentes son manifestaciones de un problema mayor. El propio Presidente Boric se refirió a él afirmando que “lo que está pasando es inaceptable y acá no puede haber medias tintas. Estamos naturalizando la violencia en nuestro país en demasiados sentidos”. Resulta importante que sea el mandatario quien hable de “naturalización de la violencia”, y que diga que ello ocurre en “demasiados” sentidos, pues indicaría un cambio en el prisma con que ahora se analiza esta temática. El país recuerda cómo muchos de quienes hoy son autoridades evitaron condenar con claridad el vandalismo desatado a partir de octubre de 2019, al tiempo que cuestionaron todos los intentos del anterior gobierno por restablecer el orden público, impulsando sucesivas acusaciones constitucionales y denunciando una supuesta violación “sistemática” de los derechos humanos. En cambio, pretendieron dar el carácter de “presos políticos” a los imputados y condenados por graves delitos, incluso argumentando —como lo hizo un destacado académico y convencional del Frente Amplio— que gracias a sus acciones se habría hecho posible el proceso constitucional. Pero la experiencia ha demostrado que intentar establecer diferencias entre hechos de violencia, condenando unos y condonando otros, solo agudiza el problema y extiende el manto de normalización que comienza a cubrirlo, dando pie para que quienes no se sientan resguardados por el Estado se arroguen ilegítimamente una supuesta facultad de autotutela.

La constante desautorización que ha sufrido la policía en sus intentos por controlar los desórdenes y el vandalismo, la facilidad con que se entregan espacios públicos para el uso privado de comerciantes ambulantes —o se permite en los hechos que estos sean ocupados— o el que la propia ministra del Interior no pueda acceder a partes del territorio nacional, son todas manifestaciones de la anomia en la que se desenvuelve la vida cotidiana en variados segmentos de la actividad nacional. Es eso lo que va naturalizando la violencia a la que se refería el Presidente, violencia que va desde la ocupación forzada de espacios públicos hasta el uso indiscriminado de armas de fuego para hacer valer las posiciones de cada quien.

Al contrario de lo que parecían sus propias previsiones, este se está transformando en un problema central para el Gobierno. Es de esperar que decida actuar con determinación para controlarlo y que, antes que el costo político de tener que modificar anteriores posturas, prevalezca un básico sentido de la responsabilidad de Estado.