Cómo pasa el tiempo.

Ninguno de los 9 diputados, y la diputada, que presentaron el proyecto para modificar la Ley 20.019 —la que creó las Sociedades Anónimas Deportivas (SADP) el 2005— están en funciones y se mantienen en el cargo.

El proyecto, entre paréntesis, se presentó en mayo del 2016 y buscaba fiscalizar mejor a las SADP, impedir que dos o más clubes estén en manos de un dueño, controlar el dominio de los representantes en la propiedad y otorgarle poder y presencia a los hinchas.

Los autores del proyecto siguen en este mundo cruel y no han partido al otro, que sería un mejor lugar, según dicen, aunque a nadie le consta.

En la actualidad, seis están fuera del Congreso, porque algunos no fueron reelectos. De los restantes, hay uno que es convencional, otro embajador, un senador y la última, en este caso, vocera de gobierno.

El proyecto, en su primer trámite constitucional, se extendió por casi dos años.

Múltiples entrevistas, jornadas temáticas, diversos encuentros con los interesados y después de comisiones, discusiones y ajustes, se evacuó un informe de 90 páginas el 25 de enero del 2018.

Fue antes del estallido social y la pandemia y aún estaban vivos Stephen Hawking, Montserrat Caballé y Anthony Bourdain. Nicanor Parra yacía bajo tierra húmeda y suelta, porque recién lo habían enterrado. En fin. Cómo pasa el tiempo.

Siete meses después, el 23 de agosto del 2018, mediante el oficio 14.179, la presidenta de la Cámara de Diputados envió al Senado, para el segundo trámite constitucional, el proyecto ya aprobado.

Fueron 17 páginas dirigidas a S.E. el Presidente del Senado, que terminaban con un “Dios Guarde a S.E.”, donde se especifican los cambios a la ley en fiscalización, conflictos de interés y participación de los hinchas.

La presidenta de la Cámara de entonces es hoy ministra de Defensa, y el presidente del Senado de esas fechas, es el actual ministro de Vivienda.

Hace casi cuatro años que el proyecto ingresó al segundo trámite constitucional, porque una es la cámara de origen, la de Diputados, en este caso, y la otra cámara es revisora, el Senado, también en este caso.

El procedimiento es de ida y vuelta, son cámaras espejo donde una examina lo que hace la otra, y viceversa. Es para pensar bien las cosas, estudiar la situación profundamente y sin prisas, considerar con rigor y siempre obrar de acuerdo al bien común.

Por tanto el procedimiento es que la cámara que recibió el proyecto lo estudie y mejore, por cierto, y luego lo devuelva a la cámara que lo originó, para acercarse al llamado tercer trámite constitucional.

Queda una bifurcación, porque cuando hay reserva de constitucionalidad, el caso debe resolverlo el Tribunal Constitucional.

¿Cuál es el problema? Que la cámara revisora, el Senado, recibió el proyecto a mediados del 2018 y aún no lo empieza revisar.

Cómo pasa el tiempo.