Diversas voces empiezan a sugerir que aprobar la propuesta constitucional no sería problemático, pues esta se trataría tan solo de un punto de partida, de una construcción en proceso que apenas comienza. El imperfecto fruto del proceso constitucional (cuestión que me parece esas voces reconocen) sería el inicio de nuevos y continuos diálogos constitucionales y de múltiples y necesarias reformas al texto, que darían cuenta de lo dinámica, viva y rica que es la discusión. Así, no debemos temer al punto de partida (que supone aprobar), sino abrazarlo.

No estoy de acuerdo. La tesis más bien me parece un autoconsuelo para quienes intentan no fallarle a su corazón político. En el fondo están defraudados de la Convención y de la propuesta a la fecha, pero reconocerlo implicaría asumir una derrota que, aunque no es de ellos, la sienten como propia. Pero perseverar en la idea del punto de partida, para calmar el alma política, conlleva enormes riesgos. Dará lugar a un monstruo grande que pisará fuerte y que tomará la inocencia de la gente, aunque no sea esa, estoy segura, la intención de los tesistas.

La hipótesis del punto de partida, en el contexto actual, no es plausible. El maximalismo con el que la Convención ha abordado las más diversas y numerosas temáticas y el diseño del sistema político, asambleísta, en camino dejará nulo espacio para la alternancia de diversos proyectos políticos futuros. El mosaico de identidades y sus causas y el ánimo de vendetta de un sector de la extrema izquierda que predomina en la Convención (y que busca perpetuarse en el poder) no es ni será lo mejor que seremos capaces de entregar, como han señalado quienes enarbolan esa tesis. Por lo demás, la definición de punto de partida exige no agotar las discusiones y no quedarse con la última palabra, como lo hace la Convención.

El punto de partida, como está siendo realmente concebido, adolecerá de tantos y tan esenciales problemas que arreglarlo será imposible y conllevará una tremenda carga adicional. Una vez la clase política estuvo dispuesta a tirar el Estado de Derecho por la borda esperando que una redentora Convención los salvara. Los chilenos los siguieron, pero por una esperanza, por la promesa de algo mejor. Esta vez la esperanza no existe y lo sabemos. Sabemos que el punto de partida sacrificará lo que hemos construido hasta ahora, que es mucho y valioso. Y eso no puede aceptarse, aunque el corazón tire fuerte. El que se ahuyente el progreso (y con ello el bienestar de los chilenos que aún viven en la pobreza) y el poner en riesgo la democracia futura —dadas las reglas con olor autoritario que debilitan los contrapesos— no pueden ser vistos como una simple externalidad no deseada de la tesis. Aceptar esto del punto de partida significaría ahora que los chilenos estaríamos dispuestos a tirar por la borda al país más desarrollado de Sudamérica, a cambio ya no de una esperanza, sino de un afán por terminar con el orden actual, para luego aspirar a recogerlo, arreglarlo y pegar los pedacitos. En el intertanto, la mejor de las suertes.

Quienes plantean esta tesis, asumo, lo hacen parados desde la institucionalidad actual que, aunque perfectible, funciona. Confían en que este Congreso, con su composición equilibrada, enmendará lo que salga de la Convención. Pero ¿quién les asegura que las normas transitorias lo permitirán? Apostaría a que no. La Constitución del “primer proceso democrático en años”, como dijo la presidenta de la Convención, ¿modificada por un Congreso con Senado “privilegiado”, que “todo lo frena”? La dejarán en las manos del Congreso que ellos diseñan, que será un espejo de la Convención, pudiendo la Cámara de Diputados imponer su voluntad a la Cámara de las Regiones. Y si la reforma es total, la propuesta plantea que sea hecha por una Asamblea Constituyente que decide por mayoría. La implementación vía múltiples leyes también será muy problemática. Si aun con 2/3 el pleno ha aprobado politizar el Poder Judicial y cercenarle su categoría de poder; crear autonomías territoriales indígenas que se autogobernarán, y precarizar la certeza jurídica de lo que sostiene a la economía nacional y el empleo —con los derechos de la naturaleza, los animales y los bienes naturales comunes—, negándose a reconocer la propiedad del ahorro para la vejez y prohibirnos elegir quién nos asegurará cuando nuestra salud esté en juego, imagine lo que será de nosotros con una Cámara que todo lo decidirá por mayoría simple.

Aprobar la propuesta constitucional, más que un punto de partida, sería un punto de no retorno. De ahí que si no gana el apruebo no hay que temer, como dice Bassa. En cambio, podría ser una oportunidad para hacer las cosas bien.