El reajuste a 400 mil pesos en dos etapas (mayo y agosto de 2022), propuesto por el Gobierno, representa un significativo incremento en el salario mínimo. Parte del aumento de 50 mil pesos permite mantener la capacidad de compra en un contexto de alta inflación, pero en términos reales el reajuste otorgado es uno de los más altos de las últimas tres décadas. Forma parte de un plan para subir sustantivamente el salario mínimo durante estos cuatro años.

Tal decisión representa, en las circunstancias actuales, un desafío de magnitud para la economía. El salario mínimo es percibido mayoritariamente por trabajadores jóvenes, por mujeres y por los de menor calificación, y es pagado principalmente por empresas pequeñas. Por ello, tanto desde la perspectiva de la necesidad de incorporar más personas al mercado laboral formal, como de evitar una restricción en las condiciones económicas de las pymes en la difícil coyuntura actual, el Gobierno no debe caer en el voluntarismo de aumentos excesivos. El último período en que ello sucedió fue a finales de la década de 1990, previo a la crisis asiática, lo que tuvo costos sobre el empleo cuando las dificultades económicas se agudizaron.

El acuerdo alcanzado por las autoridades con algunos gremios de pequeñas empresas establece un subsidio temporal para el pago de remuneraciones de aquellos trabajadores que reciben el salario mínimo. Este subsidio de 22 mil pesos representa un alivio efectivo en los próximos meses, pero debe ser entendido como parcial y transitorio, y no logra despejar la incertidumbre respecto de la trayectoria de los costos laborales.

En efecto, la decisión de contratar es una determinación de mediano plazo. Así, un subsidio con esta temporalidad apunta más bien a compensar el mayor costo para los trabajadores con contrato vigente, mas no necesariamente representa un impulso a la contratación. La ampliación del número de empleados dependerá de las perspectivas de mediano plazo para las remuneraciones, las que, a juzgar por los anuncios del Gobierno, continuarán incrementándose de manera significativa.

El costo estimado de este subsidio transitorio es cercano a los 350 millones de dólares, lo que podría mantenerse hacia adelante —o eventualmente incrementarse—, tomando en cuenta los aumentos futuros que se anticipan en el salario mínimo y las dificultades que podrían experimentar las empresas para enfrentar los mayores costos. Considerando la debilidad de las cuentas fiscales, el Gobierno deberá entregar claridad sobre su compromiso de próximos reajustes y el espacio existente para mantener el apoyo fiscal a las pymes. De otra manera, el incentivo para mayores contrataciones será inexistente.