El Banco Central enfrenta hoy uno de los desafíos más importantes desde la instauración y posterior consolidación de su autonomía, en los inicios de los 90. Con un nivel de inflación de 9,4% (12 meses) y expectativas que señalan que el próximo dato (6 de mayo) debería llevar a la variación anual del IPC por sobre los dos dígitos, la institución emerge como un pilar estructural del orden económico nacional. Su prioridad debe ser contener a la brevedad la escala de precios.

Por eso, la decisión tomada por el Consejo en su reunión del 29 de marzo, de aumentar en 150 puntos base la tasa de interés, llevándola a un 7%, representó un paso en la dirección adecuada. Sin embargo, y a pesar del impacto sobre una ya lenta actividad, el Central deberá continuar con nuevas alzas durante los próximos meses. Todo para compensar el inmenso flujo de recursos que se inyectó a la economía desde el 2019, incluidos los más de 50 mil millones de dólares drenados desde los fondos de pensiones. Ahora se agrega, además, la presión sobre los precios de los combustibles y alimentos (granos) que ha causado la invasión de Rusia a Ucrania.

Tal complejo escenario obliga a reflexionar sobre el papel del Banco Central y el valor de su independencia, particularmente dado el debate y los artículos presentados en la Convención Constituyente para cambiar su institucionalidad. Entre las malas ideas se destacan la posibilidad de abrir la puerta a una mayor coordinación con la autoridad fiscal y la flexibilización de la política monetaria en cuanto a las operaciones (compra o venta) de instrumentos de deuda emitidos por el Estado. Ambas propuestas generarían incentivos para utilizar al Banco Central con fines políticos, sobre todo si sus consejeros pueden ser acusados constitucionalmente o si se exige que la autoridad monetaria considere la orientación general de la política económica del gobierno de turno para la toma de sus decisiones. Esto, por supuesto, debilitaría las estrategias para asegurar sus objetivos centrales: velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

De la misma forma, ampliar el propósito de la autoridad monetaria a, por ejemplo, la protección del empleo y el cuidado del medio ambiente es también una idea debatible. En efecto, la preocupación por el mercado laboral es parte de las obligaciones de algunos bancos centrales en el mundo, pero esto no implica que sea una idea conveniente en un país con la debilidad institucional que ha demostrado Chile. Tampoco lo es sumarse a la corriente internacional que busca inmiscuir a todos los entes del Estado en materias de cambio climático. Esto significaría, por de pronto, dotar al Central de una estructura organizacional distinta y destinar nuevos recursos humanos y monetarios con un alto costo de oportunidad. Por cierto, instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, pueden impulsar internamente tal agenda, pues su burocracia está aislada de la presión que representa un alza en los niveles de precios locales, pero no es evidente la conveniencia de tal visión para el Banco Central de Chile. Con todo, distraer al Central de la labor de reducir la inflación, llevándolo a operar en ámbitos que son propios de otros organismos del Estado, puede ser un error estratégico con un alto costo social.

Ahora bien, frente a tales riesgos, la misma institución debería contribuir a señalar con claridad cuáles son sus prioridades. Sin embargo, durante los últimos años, el Banco Central se ha visto jugando un papel atípico en distintos ámbitos, desde temas de empleo, hasta incluso en la evaluación de las consecuencias del covid sobre la economía. Estas importantes materias deberían pertenecer más bien al ámbito académico, lo que evitaría exponer al instituto emisor al apetito político por forzarlo a tomar una posición. El acopio de una gran cantidad de datos para su uso exclusivo, lo que tampoco tiene clara justificación técnica para un Banco Central, ha permitido ampliar de facto el ámbito de opinión del instituto emisor. Más recientemente, la incipiente tendencia a entrar en la compleja discusión del cambio climático, casi desde una perspectiva académica, ajena a su naturaleza, puede ser otra señal equívoca del rol y prioridades que debe tener el Banco Central de Chile en el contexto actual.