Las regiones más australes del país, desde Chiloé hasta Magallanes, comparten la condición de tener baja densidad poblacional, pero una geografía exuberante, con grandes masas boscosas, zonas cordilleranas escarpadas, campos de hielo despoblados, glaciares milenarios y magníficos fiordos, todo lo cual les confiere un inmenso atractivo turístico, el que se ha incrementado crecientemente en las últimas dos décadas. En particular, la Región de Aysén —junto con Magallanes, una de las dos con más baja densidad poblacional— no solo ha estado recibiendo más turistas, tanto nacionales como internacionales, sino que además la demanda por adquisición de tierras ha estado creciendo sostenidamente. Hay quienes compran tierras en esa zona para disponer de lugares tranquilos y bellos, en los cuales descansar o trabajar, dado que eso hoy se puede hacer con mucha facilidad contando con la adecuada conectividad digital; otros las compran esperando una plusvalía, la que se daría por la mejor conectividad física que esa región seguirá desarrollando —mayor frecuencia de vuelos en las rutas aéreas existentes, y aumento y mejoría de la pavimentación de los caminos que la recorren—; otros, finalmente, las adquieren con el fin de lotearlas y vender las parcelas resultantes para rentabilizar su inversión.

Desde comienzos del siglo XXI se han ido modificando los criterios con que se entiende el desarrollo de esas zonas extremas. Durante gran parte del siglo pasado, se pensó que la incorporación de población a esos territorios, para explotar sus suelos —de manera agrícola o ganadera— o para obtener riqueza de sus costas, era la forma de impulsar ese desarrollo. Sin embargo, esto ha cambiado por la creciente constatación científica de la importancia que tiene conservar vastos territorios terrestres con sus ecosistemas sanos y robustos, sin afectar su biodiversidad, para que los servicios que ello otorga a la biósfera como un todo permitan el sustento de la vida humana en el tiempo, fuertemente concentrada en las grandes urbes. Por esa razón, Chile estableció el sistema de Parques Naturales de la Patagonia, cuyo propósito es la conservación, sin que eso impida su explotación turística bajo términos de referencia adecuados a tales objetivos.

Desde esta perspectiva, resulta preocupante que muchos de los terrenos en manos privadas se estén transformando en parcelas de agrado al amparo del D.L. 3.516, de 1980, que las autorizó, porque esa subdivisión tiene un impacto ambiental difícil de contrarrestar una vez efectuado: produce un desmembramiento del mosaico ecológico de esos territorios y fragmenta los corredores de biodiversidad, provocando la paulatina disminución de sus poblaciones; además, incrementa los servicios municipales necesarios para sostener la población que ocupa esos loteos, lo que también afecta el esfuerzo de conservación mencionado. Las cifras son elocuentes: en 2021 se detectaron más de 7.300 parcelas, casi el doble de los dos años anteriores, desde 5 mil metros cuadrados hasta 20 hectáreas, con valores que se han ido incrementado en el tiempo, con un promedio de 90 millones de pesos por hectárea.

A la autoridad le corresponde establecer zonificaciones en las que se autorice la subdivisión y en las que no, con capacidades máximas en las primeras, de manera que se combine su uso turístico y recreacional con el de la conservación, en proporciones que requerirán estudios especializados que las determinen adecuadamente. Se trata de un desafío que no ha sido completamente aquilatado por la población, pero sobre el que será necesario hacer pedagogía, a la luz de los antecedentes que con cada vez mayor frecuencia indican las amenazas que se ciernen sobre el sustento de la vida humana en el largo plazo.