La sociedad chilena lleva mucho tiempo esperando cambios estructurales, sin que estos se materialicen. Por esta razón, es oportuno revisar los rasgos de las políticas públicas que tienen la capacidad de generar una transformación y distinguirlas de aquellas de tipo tradicional, que tienen poco impacto más allá de sus (buenas) intenciones.
Las intervenciones efectivamente transformadoras no son las que buscan cambiar o echar abajo lo que existe, sino aquellas que logran construir un nuevo futuro, como un sistema que simplemente desplaza el modelo vigente. Aún es temprano para saber cuál será el estilo que promoverá la administración del Presidente Boric. Por una parte, la devoción al programa y la certeza que expresan algunas autoridades en sus recomendaciones podría indicar que están embarcadas en la estrategia tradicional. Por otra, la apertura a lo nuevo que encarnan los equipos del Gobierno podría inclinar la balanza hacia políticas efectivamente transformadoras.
Considerando que hasta ahora ambas opciones están abiertas, es necesario repasar sus diferencias en ámbitos clave, como la forma en que se relacionan con los actores sociales, el proceso que utilizan para su elaboración y el tipo de soluciones que proponen.
Primero, ambos tipos de políticas difieren respecto del rol del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil. En el enfoque tradicional, el control lo ejerce el gobierno, que toma las decisiones relevantes. Los demás actores pueden ser consultados, pero no participan en la toma de decisiones. En cambio, las políticas transformadoras parten con una clara intencionalidad de involucrar a los actores relevantes en el codiseño y cocreación de las soluciones.
Los países más avanzados en la promoción de la innovación están haciendo grandes esfuerzos para fortalecer su tejido social e involucrar activamente a los actores de primera línea y a los beneficiarios en los programas públicos, en ámbitos tan diversos como economía, empleo, emprendimiento, revitalización de los espacios urbanos, inversión pública y servicios sociales. Se comprende que el potencial transformador de las políticas depende directamente de la calidad de la coalición que acompañe los cambios desde el comienzo.
El Gobierno ha manifestado su intención de que las políticas públicas vayan acompañadas de consultas a la ciudadanía, pero el carácter que adquiera este proceso es aún un tema abierto, a lo que se suma otra confusión frecuente entre los conceptos (estrecho) de movimientos sociales y (amplio) de ciudadanía. Solo este último abre la puerta a las verdaderas transformaciones.
Segundo, las intervenciones tradicionales suponen que existe un entorno estable, que las relaciones de causalidad son lineales, y que el nivel de incertidumbre es bajo, por lo que la aproximación a las políticas se hace desde la evidencia acumulada, apoyadas por el análisis de los expertos, entre los cuales sobresalen los economistas, abogados e ingenieros. Dado su origen racional, son políticas más difíciles de modificar.
En cambio, las políticas transformadoras reconocen que el entorno es altamente volátil e incierto, que predominan las relaciones multicausales, y que la evidencia pasada tiene una utilidad limitada. La clave es identificar nuevas soluciones emergentes en un proceso de descubrimiento, a través de interacciones sucesivas entre directivos de los diferentes niveles del gobierno, actores privados de las empresas y de la sociedad civil, y grupos de expertos. Los profesionales validados para cumplir la función de articulación son los diseñadores, facilitadores y trabajadores sociales.
En nuestro caso, predominan las políticas tradicionales, algo refrendado en el currículo de las escuelas de gobierno y de los programas docentes que abordan estas materias. El resultado son intervenciones poco efectivas y con escaso potencial transformador.
Tercero, las soluciones que proponen las políticas tradicionales obedecen al calificativo de “buenas prácticas”, en el sentido de que son conocidas y poseen un carácter universal. Una vez identificadas, lo que corresponde es implementar estas recetas generales. Para muchas autoridades gubernamentales, el hecho de que un programa haya funcionado en otros países es suficiente argumento para impulsarlo en Chile.
Las políticas transformadoras, en cambio, se construyen a partir de soluciones emergentes, que dependen de un contexto (económico, social y ambiental) que está en continuo cambio, por lo que las intervenciones tienen un alto componente de experimentación. Así, el conocimiento necesario para llevar a cabo un programa transformador proviene tanto de la exploración como de la acción, por lo que más que ejecutar un programa con un diseño acabado, se trata de sentar las bases para la construcción de un nuevo futuro.
Por lo tanto, desarrollar políticas públicas con capacidad de transformación obliga a cambiar el paradigma de gobernanza, dejando atrás el modelo de comando y control existente, y adoptando uno de colaboración, en que el poder del gobierno se comparte con el resto de la sociedad. Así, las intervenciones públicas estarán más orientadas a la construcción de nuevos futuros que tengan sentido que a la solución de los problemas del pasado.
Avanzar en este camino hace necesario establecer una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, recurrir a nuevos tipos de conocimiento en la formulación de las políticas y tomar en cuenta los contextos específicos en los que se aplican las intervenciones públicas. La oportunidad está sobre la mesa.