Se está haciendo cada vez más habitual el cuestionamiento a la gestión del Gobierno no solo desde la oposición, sino también desde sectores del oficialismo. Seguramente influye la caída en la aprobación ciudadana, pero las críticas políticas se han enfocado en la ausencia de una agenda comprensiva y precisa. Ministros y el propio Presidente lo han rebatido, pero concentrándose fundamentalmente en la acusación de “sequía legislativa”. La experiencia en este aspecto de los distintos gobiernos desde 1990 ha sido muy diversa. Los dos primeros, particularmente el de Patricio Aylwin, enviaron al Congreso un conjunto relevante de proyectos en los primeros 45 días. Los siguientes han tenido en sus inicios mucha menos actividad en este frente. En ese sentido, la actual administración no se compara desfavorablemente.

Sin embargo, una diferencia fundamental es que mientras sus predecesores se inscribían, con distintos énfasis, en una cierta matriz común, quienes conforman este gobierno se forjaron políticamente en la crítica radical a esa matriz y prometieron transformaciones estructurales. Se esperaba, entonces, que existiera desde el inicio una agenda concreta y visible. Es evidente que algunas de las propuestas tienen que madurar antes de ser enviadas al Congreso, pero aun así es muy difícil distinguir lineamientos claros respecto de un cúmulo de promesas hechas en campaña. En la coyuntura actual, de dificultades económicas y con un proceso constituyente en marcha, esas definiciones estratégicas cobran aún más relevancia. Pero en aspectos sectoriales apenas hay esbozos, y en asuntos centrales, como la reforma tributaria o la reforma de pensiones, no se conocen ejes estructurantes, salvo afirmaciones obvias, como que los impuestos van a recaer en los que tienen más o que la reforma previsional va a tener un componente solidario. La ciudadanía y sus representantes esperan a estas alturas algo más que obviedades.

También cabe demandar una agenda más robusta en otros asuntos acuciantes. Las propias autoridades han manifestado una honda preocupación por el aumento en los delitos, la violencia en La Araucanía y la migración irregular, pero en ninguno de estos ámbitos se observan aún estrategias precisas. Es cierto que es una administración con poca experiencia de gobierno, pero no se puede olvidar que quienes la encabezan no solo fueron extremadamente críticos de la gestión que los precedió, sino que declararon tener herramientas más apropiadas para enfrentar estos problemas. Sin embargo, han quedado atrapados en un conjunto de declaraciones altisonantes —por ejemplo, respecto del diálogo en La Araucanía— que ha restado efectividad a su actuación. La política debe tener una dosis de realismo que, a veces, parece estar ausente en los análisis de esta administración.

Ha emergido también la idea de que el Gobierno debe esperar los resultados de la Convención para definir con más precisión su agenda. No cabe duda que, de aprobarse una nueva Constitución, las instituciones requerirán de cambios legislativos significativos, pero eso tomará tiempo y afectará a varios gobiernos. Además, la agenda de las actuales autoridades, en la mayoría de sus dimensiones, no está en contraposición a la actual Carta y esta tampoco representa un obstáculo para afrontar las principales preocupaciones de la población. Es inevitable, entonces, la impresión de que no se preparó adecuadamente la primera parte de la gestión gubernamental, a pesar del largo período transcurrido entre la segunda vuelta y el cambio de mando. El Gobierno debe rectificar y presentar al país una agenda que sea más nítida y visible, con plazos más específicos de materialización. Algo de ello se ha visto en el ámbito económico, aunque de modo insuficiente aún. En otras áreas, la falta de claridad es incomprensible. Sin focos precisos, atendida la carencia de mayorías en el Congreso, los dolores de cabeza para el Ejecutivo pueden ser frecuentes e intensos.