Señor Director:

Hace algunos días, el presidente de la CPC señaló que “muchas empresas no construirían en Recoleta, además de Ñuñoa o Estación Central, ni aunque les regalen un sitio”. Resultan injustos sus dichos, dado que hoy en Recoleta se entregan permisos, certificados y recepciones con absoluta normalidad. Se respeta el derecho de todos y se cumplen las normas.

El señor Sutil omite que algunos de sus representados se dieron un festín inmobiliario dentro de las comunas aludidas.

Salvo reclamos vecinales, las instituciones responsables del desarrollo de la ciudad y protección de sus barrios, poco han dicho y hecho sobre las consecuencias de la acción inmobiliaria de gran escala, que demostró ser capaz de consumir suelo urbano de forma inarmónica. Colapso de redes, destrucción de pavimentos, congestión y pérdida de calidad de vida en barrios forjados por generaciones de compatriotas son algunos de sus efectos.

Caso especial es el hacinamiento vertical en Estación Central, donde sus representados hicieron lo que quisieron. Con sendos equipos profesionales, desarrollaron la habilidad de torcer normas para maximizar inversiones y reducir obligaciones a costa del resto. Si bien nadie piensa que los “privados” son todos iguales, sorprende la indolencia del sector. Ninguno de sus dirigentes ha reconocido públicamente las aberraciones edificadas, y esto sin considerar los problemas de legalidad de los permisos o la corrupción naturalizada en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la época anterior.

Tal vez la CPC deba indicar qué comunas son de su agrado, pero deben saber que en todas partes deben cumplir las normas.

Si realmente existe interés del empresariado por un entendimiento entre los diversos actores involucrados, debieran comenzar por reconocer el daño causado y comprometerse efectivamente con su reparación.

Alfredo Parra
Director de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Recoleta