En América Latina cunden las amenazas por la politización de la justicia, el control de los jueces ejercido por gobiernos de turno. La pérdida de independencia en la administración de la justicia ya no se circunscribe a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela; se extiende por la región.

En democracias latinoamericanas, la codicia de los políticos está conduciendo a fórmulas que les permitan influir y determinar los nombramientos, ascensos, calificaciones y destitución de los jueces. Las designaciones son determinantes para lograr fallos que favorezcan agendas, intereses e ideologías de los gobernantes y afines, mientras se pone en riesgo la administración de justicia a opositores; incluso, se les expone a persecución judicial.

Así como es importante para la democracia el sistema electoral, tanto o más que una Constitución; para el Estado de Derecho, para la correcta e imparcial aplicación de la ley, lo es la designación y remoción de los jueces.

Cristina Fernández, esta semana, mediante maquinaciones logró aumentar su poder en el Consejo de la Justicia argentino, lo que le permitirá mayor influencia en nombramientos de jueces dóciles a sus causas, amedrentar a sus opositores y a los que conozcan e investiguen procesos en su contra.

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, luego de entregar el poder al Presidente Luis Arce, ha cumplido más de 400 días en prisión preventiva, mientras se inicia juicio en su contra por el presunto delito de terrorismo, vagamente definido en la legislación boliviana y que podría terminar en una condena hasta por 30 años de cárcel.

Escasa esperanza de objetividad puede tenerse en el Poder Judicial sometido al Ejecutivo boliviano, que ha rechazado recursos que permitan enfrentar el proceso en libertad vigilada, desechando solicitudes y protestas de la OEA y demandas de liberación provenientes de organizaciones defensoras de derechos humanos, como Amnesty y Human Rights Watch.

Con la persecución de la exmandataria, el gobierno del MAS pretende justificar la tesis oficial, según la cual Evo Morales fue objeto de un golpe de Estado y no renunció a la Presidencia en 2019 ante las protestas populares, desatadas por los resultados amañados de una elección que le habría permitido mantenerse en el poder por un cuarto período.

En Chile, la Convención pretende sustituir el capítulo constitucional del Poder Judicial bajo un nuevo nombre: “Sistema de Justicia”, que se genera por el Consejo de la Justicia, compuesto por 17 miembros, con criterios de paridad de género, plurinacionalidad y equidad territorial. Cinco de ellos elegidos por el Congreso, dos por los funcionarios judiciales, ocho por votación entre los jueces y dos por los pueblos originarios. La fórmula garantiza la politización de la judicatura y suma otra a las centenares de razones a votar que NO a la propuesta constitucional.