En entrevista con “El Mercurio”, el ministro de Transportes señaló que las tarifas del transporte público se mantendrán congeladas por lo menos hasta fin de año. Sin embargo, deberían normalizarse en 2023, de manera de no seguir incrementando el monto del subsidio que las sustenta. El argumento para no elevar por ahora las tarifas es que ello opera como una política de reactivación focalizada, pues las personas de menores ingresos son los principales usuarios del sistema.

Hay desde ya dudas razonables respecto de si habrá espacio político para un alza en 2023. La experiencia de octubre de2019, cuando muchas de las actuales autoridades validaron las violentas protestas contra el alza de pasajes, sumada a la aparente debilidad del Gobierno, genera interrogantes sobre la capacidad que pueda existir para tomar una medida que podría ser impopular y que, por cierto, haría recordar la actitud frente a aquellos hechos por parte de quienes hoy son gobernantes. Pero a la vez, si no se elevan las tarifas, los requerimientos de subsidios seguirán aumentando, a medida que se incrementen los costos laborales, de combustible y otros. Esto, dentro de un espacio presupuestario que se prevé limitado por las bajas expectativas de crecimiento.

El ministro observa con interés la idea de cobrar a los automóviles por ingresar a ciertas áreas urbanas. Esto reduciría la congestión y favorecería el uso del transporte público. Se trata de una fórmula que se aplica en ciudades como Londres, con buenos resultados en términos de reducir el embotellamiento y la contaminación, al mismo tiempo que genera recursos, los cuales, a su vez, se destinan a mejorar el sistema de locomoción colectiva. Desde un punto de vista conceptual y económico, es una propuesta atractiva, porque efectivamente ataca los problemas de la ciudad en los tres frentes referidos.

Pero la tarificación por congestión no es una panacea. Desde luego, los recursos a generarse serían más bien limitados. Para dar una idea, una ciudad tan rica y grande como Londres tiene previsto recaudar este año, por la tarifa de congestión, unos US$ 300 millones, con un pago de, aproximadamente, $15.000 diarios. Siendo Londres mayor que Santiago y resultando difícil pensar que una tarifa de ese monto sea aceptable en nuestro país, los ingresos que se generarían serían probablemente menos de un tercio. Dado que el sistema Transantiago tiene altos costos, la contribución de los ingresos por congestión representaría así una fracción pequeña del gasto que impone el subsidio. En efecto, en el último año “normal”, 2019, el presupuesto incluía glosas para subsidiar el transporte capitalino por $430 mil millones, unos US$ 700 millones, por lo que la tarifa de congestión aportaría solo un 15%.

Además, aun cuando los argumentos en favor del cargo por congestión son fuertes, la propuesta podría ser muy impopular. De hecho, parece contradictoria con declaraciones como las formuladas por el ministro de Obras Públicas, en cuanto a que los cobros de peajes en autopistas serían excesivos: si estos peajes, que financian nuevas obras, aparecen como excesivos para la autoridad, ¿cómo podría exigirse a los automovilistas pagar por usar las congestionadas calles ya existentes?

En otra contradicción, el ministro de Transportes lamenta la evasión en el transporte público, calificándola como “uno de los dolores principales” del sistema. Es una queja razonable, pero contrasta con el respaldo cerrado que las principales autoridades de este gobierno daban hace solo tres años a las evasiones masivas del pasaje de metro, cuando aplaudían y agradecían a lo estudiantes secundarios por “saltarse los torniquetes”. Enfrentados ahora a la necesidad de gestionar un sistema de transporte público complejo, tal vez esas autoridades estén llegando a la conclusión de que muchas de sus críticas a gobiernos anteriores fueron injustas e infundadas.

Pero aún resta el problema principal que enfrenta el ministro de Transportes. Para que los ciudadanos abandonen los automóviles, es necesario que la calidad del servicio sea buena. Sin embargo, dadas las restricciones que enfrenta el país, no es evidente que vayan a existir los recursos para aumentar el subsidio, de modo tal que el factor de ajuste para no subir las tarifas puede terminar siendo esa misma calidad. Y, ciertamente, la sumatoria de un servicio deficiente y de nuevos cobros a los automovilistas para obligarlos a usar el transporte público puede derivar en el descontento ciudadano.