La caída de los dos proyectos sobre retiros desde los fondos de pensiones fue inesperada. La fórmula impulsada por el Congreso repetía el formato de los anteriores giros, habilitando el drenaje masivo de los ahorros previsionales, sin condiciones. Estimaciones iniciales indicaban que su aprobación sumaría más de US$ 10 mil millones a los más de US$ 50 mil millones ya retirados en los tres proyectos aprobados en el pasado, un botín político de proporciones. Por su parte y al definir el destino de los recursos, la opción promovida desde el Ejecutivo acotaba el monto del drenaje: estimaciones sugieren que, de haberse aprobado, cerca de US$ 4 mil millones hubiesen sido removidos desde las cuentas de los trabajadores, monto suficientemente atractivo para un Congreso que ha mostrado un comportamiento irresponsable en esta materia en el pasado. Entonces, dados los volúmenes en juego y el relato parlamentario, el riesgo de que se aprobaran los dos retiros no era despreciable. De ahí que el desenlace fuese insospechado.

Desde un punto de vista económico, este resultado es positivo, al menos, en el corto plazo. Haber puesto a prueba nuevamente al mercado de capitales y al sistema financiero hubiese sido una pésima señal para un país que enfrenta un escenario económico complejo. Además, al brindar liquidez a la economía, la aprobación de cualquiera de los proyectos hubiese presionado al alza los niveles de precios. Por de pronto, durante el debate en el Congreso, el ministro Marcel insistió en que la opción parlamentaria podía elevar la inflación hasta cinco puntos porcentuales. Tal escenario hubiese forzado al Banco Central a profundizar sus medidas de política monetaria para compensar un artificial crecimiento de la demanda. Considerando además los 4,6 millones de personas que ya no cuentan con ahorro previsional, un nuevo retiro hubiese contribuido a profundizar el problema económico y social generado por el anterior Congreso, que ha significado para millones de chilenos no contar con ahorros para solventar las necesidades durante la jubilación.

Pero la lectura política del desenlace es menos positiva. El análisis de las votaciones confirma la crisis de liderazgo dentro de los partidos políticos. En un Congreso ya altamente atomizado, las colectividades que lograron coordinar los votos de sus propios parlamentarios fueron una excepción. Esto ilustra los problemas de gobernabilidad del país, factor que se pondrá crecientemente a prueba por una economía que no logra encontrar el camino para asegurar el dinamismo. De hecho, las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional anticipan un crecimiento de 1,5% para 2022 y de 0,5% para 2023. Además, el doble rechazo deja en evidencia la debilidad de la actual coalición gobernante que, sin reunir los apoyos necesarios, impulsó un proyecto de retiro alternativo que terminó fracasando. Incluso si —como han llegado a sugerir algunos— ese hubiera sido el objetivo verdaderamente buscado, el altísimo costo reputacional y político pagado denotaría una preocupante falta de criterio en la evaluación de las estrategias legislativas del Ejecutivo.

Una tercera arista son las implicaciones de ambos rechazos para el debate previsional. No es aún claro que el desenlace de ambos proyectos vaya a limitar el apetito parlamentario por continuar con la irresponsable cruzada por desmantelar el sistema de capitalización a través de nuevos retiros. Por de pronto —y aun cuando, conforme la Constitución, debiera declararse su inadmisibilidad—, la propuesta para un sexto giro ya ha sido presentada en el Congreso. Aun así, el episodio ha dado pie para que desde distintos sectores y del propio Gobierno se argumente la necesidad de dar vuelta la página y acelerar la discusión de la reforma al sistema previsional. Pero las complejidades de esta, que se cruzan con la ideologización extrema que emana desde la Convención Constituyente, auguran un difícil diseño y eventual trámite. Esto, además, se suma a la intención del Ejecutivo de presentar una reforma tributaria, un proyecto de aumento desproporcionado del salario mínimo y la reducción de la jornada de trabajo, todas iniciativas que afectarían aún más las ya precarias condiciones económicas del país, aumentando la necesidad de una reforma al sistema de pensiones con rigor técnico y libre de improvisaciones.

En definitiva, más allá de las circunstancias que pueden haber detenido dos injustificados retiros, es difícil anticipar condiciones que permitan conducir un debate serio y pragmático en el tema previsional.