Mientras el país se encuentra sumido en el debate constitucional, cuyos ejes giran alrededor de ideas abstractas sobre reglas que guíen la convivencia, la conducción del Estado y la implementación de las políticas que contribuyan al progreso de Chile y de su ciudadanía siguen siendo necesarias y responsabilidad del Gobierno en funciones. Ello requiere de unidad de propósito, alineamiento en torno a liderazgos y disciplina para seguir la senda que estos marquen. No resulta fácil conseguirlo cuando el conglomerado oficialista está compuesto por una variedad de partidos y sensibilidades cuyas visiones no siempre coinciden, y que mantienen disputas no completamente resueltas, como pareciera ser el caso actual.

La discusión respecto de los retiros de fondos desde las AFP ilustra el punto con penosa claridad. Cuando esa política fue propuesta desde el Congreso durante el anterior gobierno, la mayoría de los partidarios del actual la apoyaron, a pesar de que varios de ellos reconocían sus falencias y problemas, sin siquiera mencionar el artilugio constitucional utilizado para implementarla. Ahora la Cámara de Diputados plantea un “quinto retiro”, y quienes desde el Ejecutivo entienden su inconveniencia —incluso aunque antes apoyaron estas políticas— no logran alinear a sus partidarios en torno a ese rechazo —es necesario reconocer que hay quienes desde la actual oposición también apoyan el retiro— y, finalmente, en vez de insistir con convicción en su postura, han cedido a las presiones, promoviendo una suerte de retiro “para pagar deudas”. Aunque más acotado en montos, este seguirá desmantelando pensiones futuras y comprometiendo cuantiosos recursos del fisco para suplirlas, dando una nueva señal de que lo coyuntural y popular sigue desplazando a las políticas correctas y de largo plazo.

La gobernabilidad pareciera haberse relegado a un valor secundario, ahogado en medio de proclamas demagógicas o de planteamientos testimoniales que surgen con gran facilidad de la excesiva fragmentación política a que condujo la última reforma al sistema electoral. Algo similar se observa en la Convención, en la que sus numerosos colectivos, de disímiles tendencias e ideas, plantean formas de sistema político que difícilmente conducirían a dar gobernabilidad al país: ideas como la de concentrar el poder en un futuro Congreso de Diputados y Diputadas altamente fragmentado, la de que una segunda cámara con reales facultades revisoras solo sería un estorbo o la de debilitar la iniciativa exclusiva presidencial en materias de gasto, solo podrían contribuir a que la coherencia, liderazgo y disciplina que se esperan de los gobiernos se sigan diluyendo. Será necesario un gran ejercicio de reflexión responsable para corregir el rumbo que lo anterior sugiere.