El Presidente de Chile, Gabriel Boric, 36, la nueva estrella de la izquierda latinoamericana, merece un aplauso por su condena sin ambigüedades a la invasión rusa de Ucrania. Pero sería mucho más coherente con su defensa de las libertades fundamentales en todo el mundo si adoptara una posición más firme sobre las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Durante un viaje a Argentina la semana pasada, me llamó la atención que Boric —quien visitaba ese país en su primer viaje oficial al extranjero— evadió una pregunta de la prensa sobre las tres dictaduras latinoamericanas.

“¿Por qué los medios siempre me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua; y no me preguntan por las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país (Chile) o los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia?”, replicó Boric.

Y agregó: “No utilicemos el sufrimiento de pueblos, ya sea en Ucrania, Yemen, en Palestina, Chile, Venezuela, en Nicaragua, donde sea, para tratar de sacar beneficios de políticas internas”.

Unas horas más tarde, cuando entrevisté al canciller argentino, Santiago Cafiero, y le pregunté sobre las tres dictaduras latinoamericanas, obtuve una respuesta similar. “¿No hay violaciones a los derechos humanos en Colombia?”, preguntó Cafiero.

Lo cierto es que aunque hay que felicitar a Chile y Argentina por sus condenas a Rusia en las Naciones Unidas, a pesar de que importantes figuras de sus respectivas coaliciones de gobierno apoyan al autócrata ruso Vladimir Putin, ambos gobiernos están usando un doble rasero cuando se trata de las tiranías de América Latina.

Es injusto —y engañoso— comparar a Venezuela, Nicaragua y Cuba con Chile o Colombia. Esa es una falsa equivalencia, que disimula el hecho de que los primeros tres países son dictaduras y que sus violaciones a los DD.HH. son inmensamente mayores que las de Chile o Colombia.

En Chile, 26 personas fueron asesinadas durante las protestas masivas contra el gobierno a fines de 2019, en las que algunos manifestantes arrojaron piedras y cócteles molotov a la policía y quemaron edificios públicos, según el grupo de defensa Human Rights Watch.

En Colombia, además de los secuestros y muertes por parte de grupos guerrilleros y paramilitares, 49 defensores de derechos humanos fueron asesinados en los primeros diez meses de 2019, y se investigaban otras 50 muertes sospechosas, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Si bien cada muerte tiene que ser vista como una tragedia, los asesinatos de Chile y Colombia son una fracción muy pequeña de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

En Venezuela, las fuerzas de seguridad del dictador Nicolás Maduro asesinaron a más de 19.000 personas por supuesta “resistencia a la autoridad” entre 2016 y 2019, según la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En Nicaragua, un país de solo 6,6 millones, al menos 355 personas fueron asesinadas en las protestas antigubernamentales de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cuba, que no ha permitido ni una sola elección libre en seis décadas, recientemente condenó a más de 100 personas que participaron en las protestas masivas del año pasado a penas de prisión que oscilaron entre cuatro y 30 años.

¿Cómo puede un líder bien informado comparar de buena fe lo que está pasando en Chile o Colombia con lo que está pasando en Venezuela, Nicaragua o Cuba?

Para ser justos, Boric ha condenado en el pasado los abusos a los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua —no tanto en Cuba— y ha elegido a una canciller conocida por luchar por las libertades fundamentales en todas partes. Empezó bien.

Pero la respuesta del Presidente a los periodistas durante su viaje a Argentina fue muy desafortunada, porque ha sido tomada como un mantra por ciertos sectores de la izquierda latinoamericana. El propio Presidente de Chile debería poner las cosas en contexto.

Boric debería seguir su propio consejo, durante la misma rueda de prensa en Argentina, de que los gobiernos respeten y promuevan los derechos humanos “en todos los países del mundo”, independientemente “de su color político”.

Efectivamente, Presidente Boric, eso debería aplicarse a los gobernantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. En lugar de esquivar preguntas sobre ellos, debería denunciarlos por lo que son: dictaduras brutales.