La propuesta de derechos en relación con salud que ha preparado la comisión correspondiente para ser presentada al pleno de la Convención Constitucional está provocando una fuerte controversia, pues amenaza a un amplio sector de la población chilena. Desde luego, a los millones de personas que han escogido el sistema de isapres, pero además a muchos otros que acuden a la medicina y las clínicas privadas para resolver sus problemas de salud, sea a través de Fonasa o recurriendo a ahorros o créditos privados a los que se puede echar mano en un momento de angustia. Además, naturalmente, afectaría a miles de médicos y otros profesionales que no se desempeñan en el sector público.

La idea promovida por la comisión es que solo exista un sistema público de salud de atención universal y que queden excluidas de dicho sistema todas las organizaciones que tengan fines de lucro. Se trata de un conjunto de propuestas que tuvieron su origen en los gremios que agrupan a trabajadores del sector público de la salud, pero que no examinan el conjunto de las atenciones que se otorgan en el país. Entre estas, cabe recordar que las cirugías que aportan las clínicas privadas superan el medio millón anual, y los exámenes de laboratorio que se realizan en centros médicos privados sobrepasan largamente los 50 millones por año. Las personas que recurren a estos lugares lo hacen solo motivadas por conseguir una rápida atención para sus dolencias y, con seguridad, muy pocos se han enterado si la clínica o el centro de salud al que acuden tiene o no fines de lucro.

Por otro lado, las atenciones que se otorgan en el sector público pueden ser aún más numerosas, pero no dan abasto para las necesidades de la población a la que le corresponde atender. Así, existen millones de personas esperando una cita con un médico especialista para definir las acciones que se deben ejecutar, y solo después de eso, resolver sus aflicciones. Las cirugías también están atrasadas y los tiempos de espera superan largamente los promedios internacionales aceptables. No se advierte cómo una Constitución que busca excluir a una parte tan importante del sistema de salud, para monopolizar todas las atenciones en el sector que enfrenta mayores dificultades y problemas para realizar sus tareas, pueda contribuir a satisfacer de mejor modo a la gente. Los gremios que han hecho las propuestas que fueron aceptadas en la comisión de Derechos Fundamentales parecen haber considerado solo la importancia que ellos podrían adquirir, pero no la calidad ni la oportunidad de la atención sanitaria a los enfermos.

El monopolio estatal en el mundo de la salud solo se da en poquísimos países, todos ellos con gobiernos no democráticos. La participación mixta entre el sector privado y el público parece ser la norma. En el caso de los seguros de salud, el panorama es más complejo, aunque se ha observado una tendencia a concentrar en manos de un asegurador todo el sistema, al menos regionalmente. En todo caso, la propuesta extrema que se ha hecho en Chile y que tendrá aún que ser discutida en el pleno de la Convención incluye exigencias a los prestadores, es decir, clínicas, laboratorios, consultas, centros médicos y solo parece quedar espacio para las farmacias privadas. Las posiciones extremas que ha adoptado la Convención en otras materias no debieran extenderse a la salud, pues los errores en este campo los paga la población de la peor manera, exponiéndose a ver agravados sus males, quedar con secuelas o, incluso, perder la vida. Por ello, será necesario un debate en profundidad para que los comisionados expliquen en detalle cómo piensan dar solución a millones de pacientes.