En la última encuesta nacional de empleo, la tasa de ocupación en la Región de La Araucanía llegó a un 49,6 por ciento de la población mayor de 15 años, esto es, algo más de cinco puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Antes de que comenzara la pandemia, dicha tasa era un 55,6 por ciento y la nacional, de un 58,2 por ciento. La brecha, por tanto, era más pequeña. Es cierto que la pandemia influyó de manera heterogénea en las oportunidades de empleo de las personas en las diversas regiones, pero en este caso las razones son más profundas.

El clima de violencia que afecta a esta región y la incapacidad del Estado para proteger a las personas y a sus bienes materiales desincentivan nuevas inversiones que son fundamentales para elevar el empleo y mejorar las condiciones de vida de las personas. Hay dudas, además, respecto del respeto que se brindará al derecho de propiedad. En nada ayuda a crear certezas la existencia de grupos paramilitares que exigen autogobierno y autonomía territorial. La inmensa mayoría de la población mapuche y no mapuche sigue esta situación con desconsuelo. Desde luego, no la comparten, porque aspiran a una mayor integración antes que a una separación del Estado chileno; en el pueblo mapuche, la integración es mucho más valorada que la autonomía (CEP, 2016).

Al mismo tiempo, algunas de estas reivindicaciones, según afirman organizaciones indígenas, sirven de escudo a grupos que son claramente delictivos y que no tienen real interés en el destino de este pueblo, pero que contribuyen a exacerbar un conflicto que es de suyo complejo porque ello favorece sus intereses. El impacto de esta realidad sobre las inversiones es muy negativo. En efecto, si bien no hay proyecto que no tenga riesgos económicos, estos son habitualmente calculables. En cambio, los de otra naturaleza, como los descritos, son inconmensurables y constituyen escenarios que los inversionistas prefieren obviamente evitar. Frente a esta realidad, se cancelan proyectos interesantes y diversas tierras productivas se ponen a la venta. Los catastros de inversiones muestran pocas iniciativas en la zona.

Ahora bien, sin iniciativas productivas es imposible recuperar más rápido el empleo y dejar atrás los niveles de pobreza que afectan a la región. La tasa de pobreza de La Araucanía es la más elevada del país, alcanzando en la última medición (2020) un 17,4 por ciento, muy por encima del 10,8 por ciento a nivel nacional. Esta realidad se refleja también en los ingresos de las personas. Dependiendo de la fuente que se utilice (Casen, cotizaciones de AFP o INE) y los estadígrafos (promedio o mediana), los ingresos de los ocupados en esta zona del país se ubican entre un 12 y un 17 por ciento por debajo del promedio nacional. Además, a partir de la Casen, se puede apreciar que los ingresos de los mapuches son más bajos que los de la población no mapuche. Una parte importante de la brecha se explica, aparentemente, porque los empleos se concentran en distintos sectores productivos, pero no se puede descartar discriminación.

Estos fenómenos no se superarán sin mayores inversiones, pero ello requiere de paz social, de modo que sus riesgos y beneficios sean los propios de toda actividad económica y no de factores completamente ajenos al control de los emprendedores, empresarios y trabajadores. Sobre todo, si se quiere privilegiar proyectos de largo plazo que signifiquen inversiones continuas en el tiempo. Por supuesto, esto no significa desconocer que hay iniciativas de esta naturaleza en la región, solo que su número es demasiado pequeño para revertir la actual decadencia económica de La Araucanía. Se requieren soluciones definitivas, que aíslen a los grupos radicalizados y delictivos. Para enfrentar a unos y a otros se necesitarán estrategias distintas, pero con focos precisos y acciones que ataquen la naturaleza del problema y que no intenten minimizar su relevancia. En caso contrario, la Región de La Araucanía seguirá postergada en su desarrollo.