Nuestro país decidió hace poco más de dos años dar un cauce institucional y democrático, a través de un proceso constituyente, a la seria crisis social y política que estalló a fines de 2019. Ese proceso despertó, en amplios sectores de la ciudadanía, esperanzas de una mejor democracia, de mayor protección de los derechos y de recuperación de la convivencia pacífica.

Hasta ahora, el proceso constituyente se ha desarrollado en paz y conforme al itinerario definido. Aproximándonos a su desenlace, sin embargo, enfrentamos algunos peligros que aún es posible prevenir.

Uno de ellos es que el proyecto de nueva Constitución propuesto sea visto por amplios sectores de la población como un texto partisano, que intente fijar una única visión, sin dejar espacio a otras que en el futuro podrían legítimamente ganárselo a través del juego de la democracia. Otro peligro es el de establecer en la futura Constitución políticas demasiado específicas, desconocidas hasta ahora en nuestro medio y sin el tiempo ni las instancias de discusión y revisión que serían necesarias para evitar efectos no deseados. La plausibilidad de ambos peligros hace aconsejable que, en las semanas que restan, la Convención haga un serio esfuerzo por evitar introducir a su propuesta las disposiciones o instituciones políticamente más controvertidas y las que más objeciones técnicas han merecido.

Un peligro adicional es que el plebiscito de salida se plantee como una encrucijada dramática, en la que estaría en juego la posibilidad misma de la democracia. Esa forma de plantear el proceso de cambio constitucional serviría de caldo de cultivo a la violencia. Quienes suscribimos esta carta tenemos posturas y preferencias políticas diversas, también en relación con los arreglos institucionales más convenientes para el país, pero compartimos la convicción de que, más que en el resultado del plebiscito, el futuro de nuestra convivencia política se juega en la lealtad que mantengamos con las reglas democráticas, con disposición a aceptar la legitimidad de cualquier resultado. Esa disposición se fortalece restando dramatismo al plebiscito y considerando que, ante cualquier resultado, la política democrática ofrecerá los medios para promover, en los próximos meses y años, el cambio constitucional o la implementación de leyes y políticas que permitan perseguir lo que a una Constitución no cabía pedir. Así, si hay un contenido que asegurar en la propuesta de nueva Constitución, ese contenido son las reglas y arreglos propios de un Estado de Derecho, que —junto con la alternancia en el poder— permitan el cambio constitucional y el permanente perfeccionamiento de nuestras instituciones. Si ellas no están bien recogidas por la Constitución vigente, la propuesta de nueva Constitución no puede incurrir en el mismo error.

Carolina Schiele
Juan Andrés Varas
Jaime Couso
Rodrigo Barcia
Juan Pablo Beca
Humberto Carrasco
Macarena Fernández
Felipe Meléndez
Fernando Monsalve
Emilio Oñate
Marietta Ortega
Aníbal Rodríguez
Lourdes Soria
Fernando Villamizar
Rodolfo Walter
Sonia Zuvanich
Quienes suscriben la columna son decanas y decanos de las facultades de Derecho de las universidades Andrés Bello, Austral de Chile, Diego Portales, Autónoma de Chile, Católica de Temuco, Católica del Norte, Del Alba, Mayor, Católica de la Santísima Concepción, Central, de Tarapacá, Santo Tomás, Gabriela Mistral, Bernardo O'Higgins, de Concepción y de Magallanes, respectivamente.