Integrada por los nuevos seremis del actual Gobierno y la delegada presidencial, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana rechazó el proyecto inmobiliario mixto —residencial, de comercio y oficinas— denominado Egaña Comunidad Sustentable, ubicado en la intersección de Américo Vespucio con Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa. Ello, a pesar de que este había obtenido el permiso de construcción en 2018 y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ya había entregado la calificación favorable que permitió el inicio de las obras. El proyecto tiene un grado de avance a la fecha equivalente a un tercio de estas. Es una iniciativa relevante, pues involucra una inversión de US$ 300 millones, y contempla casi 1.800 departamentos, más de dos mil estacionamientos, placas comerciales y un gran número de oficinas. Luego del mencionado rechazo, la inmobiliaria invocó fuerza mayor para terminar el contrato con la empresa constructora, lo que significaría la pérdida, según los desarrolladores, de unos mil 300 puestos de trabajo directos e indirectos.

El conflicto se generó una vez obtenida la RCA y el permiso de construcción. Un grupo de vecinos solicitó rechazar dicho otorgamiento, fundado en que las observaciones ciudadanas al proceso de consultas no habrían sido debidamente consideradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, a pesar de las mil consultas que recibió el proyecto durante el período de participación ciudadana. El año pasado, el Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente la reclamación, indicando que el SEA debía completar la evaluación, pero solo en lo relativo a la sombra proyectada y a la refracción del proyecto. La empresa se defiende diciendo que, al respecto, no hay un reglamento nacional que regule esos aspectos, pero que, a pesar de eso, demostraron que el proyecto sí cumplía con los estándares de la normativa de la Unión Europea. Ha indicado, además, que usará todos los recursos legales para revertir esta situación. Pero, añade, el involucramiento activo de la alcaldesa de Ñuñoa, militante de RD, en conseguir el rechazo en la votación, muestra que el factor político pesó en la decisión tomada.

Este caso ilustra, una vez más, las dificultades que enfrentan los inversionistas ante la falta de claridad y certeza que crecientemente exhiben los permisos de construcción municipales y las Resoluciones de Calificación Ambiental. Si las obras de construcción pueden ser rechazadas después de haber sido aprobadas por las autoridades con las potestades para hacerlo, la precariedad jurídica en la que ello deja a toda la industria de la construcción es inmensa y solo acentúa la desaceleración que ella está sufriendo. Las protestas efectuadas el viernes en el sector de Plaza Egaña, por los trabajadores de la obra frente a su incierto futuro, dan cuenta del duro costo social que toda esta situación conlleva.