La manipulación de la información llevada a cabo por el gobierno de Rusia respecto de la guerra en Ucrania ha reforzado la importancia de robustecer la libertad de expresión. Sin embargo, hay otro monopolio igualmente dañino para la democracia que también debería alarmarnos: la concentración de la educación en manos del Estado.

La Convención Constitucional ha demostrado que no tiene intención de incluir en el texto constitucional el derecho-deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Primero, la Convención lo excluyó de la lista de contenidos mínimos que debían ser tratados por la comisión de Derechos fundamentales. La semana pasada dicha comisión rechazó las iniciativas populares de norma que protegían expresamente ese derecho. Frente a las críticas que esto generó, algunos convencionales respondieron que la libertad de enseñanza sí se consagra en algunas de sus iniciativas. Pero una mirada detenida a las normas muestra que no son equivalentes.

En las iniciativas que se discutirán se señala que la educación será función primordial del Estado, lo que daría primacía a este por sobre los padres en materia educativa. También se incluye la libertad de enseñanza, pero poniendo el énfasis en el derecho de elegir establecimientos educacionales. Dicha libertad sería insuficiente ya que para ser efectiva debe garantizarse una real pluralidad de proyectos educativos. Las normas que se refieren a la posibilidad de fundar establecimientos educacionales dejan un amplio margen de regulación al legislador, al señalar que los proyectos educativos privados “estarán al servicio del interés público” y “aquellos que logren obtener el reconocimiento oficial del Estado serán examinados por la autoridad pública de acuerdo a la ley”. Al no reconocerse expresamente el derecho preferente de los padres, existe el riesgo de que a través de principios y exigencias legales y reglamentarias se ahogue la diversidad de proyectos educativos, imponiendo una visión oficial uniforme —y muchas veces ideologizada— de la educación.

Estos artículos contrastan con los que protegen los sistemas de educación de pueblos originarios. En ellos se señala que “las primeras naciones, a través de sus instituciones autónomas, tienen derecho a establecer, desarrollar, controlar y proyectar sus sistemas de educación ancestral en el marco de su propia comprensión y configuración de mundo. Es deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho”. Esta norma daría mayores garantías de no intervención por parte del Estado a la educación tradicional indígena que a proyectos educativos del resto de la población.

Los tratados internacionales reconocen la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por la autoridad, así como el derecho de los padres a que los hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Sin embargo, el reconocimiento internacional no hace superflua su consagración constitucional. La tutela efectiva del Derecho se garantiza mejor incluyéndolo expresamente en la Carta Fundamental, sobre todo si consideramos que pueden haber conflictos entre este derecho de los padres y normas actualmente en discusión en la Convención, como la relativa al alcance de la Educación Sexual Integral.

Es de esperar que los convencionales, con ánimo de buscar un texto que logre amplios consensos, incluyan expresamente el derecho preferente de los padres. Tal vez les interese saber que el Presidente Salvador Allende, en las Bases para la Reforma de la Constitución Política del Estado, propuso la inclusión en la Constitución del derecho “de los padres a educar a sus hijos en forma que hagan de ellos personas sanas corporal y espiritualmente, y ciudadanos conscientes de su responsabilidad cívica” (Edición del Centro de Estudios Políticos Simón Bolívar y de la Fundación Presidente Allende, 1993, p. 11). O que al menos los convencionales lo hagan pensando en que tal vez, un día, su peor enemigo puede llegar a gobernar y es mejor no darle control sobre los niños, así como no se lo daría sobre los medios de comunicación.

Soledad Bertelsen
Profesora de Derecho Constitucional e investigadora POLIS, Observatorio Constitucional Universidad de los Andes