La preocupación que el Presidente Gabriel Boric manifestó esta semana acerca del resultado de la Convención Constitucional parece estar plenamente justificada.

¿Qué razones justifican esa preocupación?

El Presidente puede estar preocupado debido al hecho de que no se está alcanzando el diseño específico que él esperaría. El Presidente podría pensar que para llevar adelante las transformaciones que se ha propuesto es imprescindible un cambio constitucional de cierta índole. Y su preocupación se explicaría porque si no se logra un cambio como el que él imagina, los propósitos de largo plazo de su gobierno quedarían lesionados. El motivo de su preocupación, entonces, sería relativo a sus propios objetivos, los que, de no alcanzarse el texto que él espera, fracasarían también. En síntesis, el Presidente estaría cabizbajo porque la Convención aún no elabora el texto que él espera.

Pero es fácil comprender que esa preocupación no tiene por qué ser compartida por todos. Quienes no votaron por Boric o quienes piensan que lo que se propone hacer es un error no tendrían motivos para alarmarse.

Por el contrario, ante el peligro del fracaso, aplaudirían (ha de haber algunos que ya lo hacen).

Pero la fuente de la preocupación presidencial es otra. Y esta sí que concierne a la ciudadanía en su conjunto, fuere cual fuere el tipo de texto que se espera.

Para advertir esta preocupación, puede ser útil atender a lo que el Presidente acaba de declarar en Buenos Aires:

“… mi llamado —dijo— es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posibles para construir una Constitución que sea un punto de encuentro y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro(sic) entre los chilenos y chilenas…”.

Como se observa, la preocupación presidencial (subrayada en la redundancia de la expresión “punto de encuentro”) no es exactamente acerca del contenido o acerca del diseño específico del texto que se propondrá, sino acerca del procedimiento y la conducta que se ha empleado, o se está empleando, para diseñarlo. En el debate constitucional puede ignorarse qué resultado es mejor y cuál peor; pero se sabe con certeza cuál es la manera correcta de llevarlo a cabo. Lo que preocupa a Gabriel Boric es que el debate no está constituyendo un momento, por llamarlo así, terapéutico de la vida social y política, un momento en el que las diversas fuerzas y puntos de vista puedan reconocerse recíprocamente como válidas y en el que las concepciones que allí existen puedan darse la oportunidad de influirse, al menos hasta cierto punto, unas a otras.

Y esa preocupación, a diferencia de la anterior, no es partisana, no atinge solo a este grupo o a aquel, sino que concierne a la ciudadanía en su conjunto. Además del Presidente, es a toda la ciudadanía, incluida claro está la ciudadanía que se desempeña como convencional, a la que debe preocuparle que el procedimiento no esté dando lugar a un acuerdo amplio y suficientemente abstracto y universalista en el que todos puedan, finalmente, reconocerse. Un debate constitucional no puede ser —como hasta ahora está siendo— un remedo del parlamentarismo o, peor, del asambleísmo: un encuentro entre grupos particulares que pugnan por el poder e intercambian intereses, sin considerar con imparcialidad el conjunto que resulta de ese intercambio. Es como si varias personas intentaran dibujar un paisaje y cada una trazara una línea al compás de su imaginación o su capricho, sin que nadie se detuviera a mirar lo que está resultando. Si algo así ocurriera, lo más probable es que, al final, ninguno de los que dibujan pudiera reconocer al paisaje como suyo.

Jürgen Habermas (a quien el Presidente debe haber leído) sostiene que el valor de la democracia en una sociedad plural y diversa deriva del hecho de que, al favorecer el intercambio de puntos de vista con pretensiones de imparcialidad y el debate abierto y reflexivo, permite que todos puedan reconocerse en ella. Reconocerse en ella no porque las propias convicciones triunfen, sino porque han tenido una oportunidad igual de ser expresadas y ponderadas mediante una deliberación pública, efectuada con voluntad de entendimiento.

Y en la medida que ello no ha ocurrido (o, para creerle a la directiva de la Convención, en la medida que no se ha logrado comunicar la existencia de ese diálogo abierto y reflexivo) hay motivos para que todos, partidarios y opositores del Gobierno, tengan la misma preocupación que el Presidente ha expresado.

Carlos Peña