Mucho se ha escrito y se seguirá discutiendo sobre los hechos de octubre del 2019. No hay acuerdo sobre sus causas o su verdadera naturaleza. ¿Fue simplemente un “estallido social” como respuesta a un descontento contra el modelo de desarrollo? ¿Fue la desigualdad su causa principal? ¿O se trató, al igual que las revoluciones francesa y rusa, de una reacción antimodernizadora con el objetivo de destruir las instituciones capitalistas, el crecimiento económico y terminar con las relaciones mercantiles para retornar a formas de organización más arcaicas? ¿Fue espontáneo o bien tuvo un grado importante de organización y planificación? ¿Qué papel jugaron los movimientos sociales bajo la influencia preponderante del Partido Comunista? Pero la pregunta central es si acaso ese octubre dio o no inicio a una verdadera revolución.

Cuando el 14 de julio de 1789 cayó la Bastilla, nadie o muy pocos vislumbraron que lo que ahí comenzaba era una revolución. Fueron los eventos posteriores los que introdujeron transformaciones que pueden ser definidas como revolucionarias. Tanto así que los primeros sucesos franceses fueron aclamados en toda Europa. La sola excepción fue Edmund Burke, quien en un momento en que sus correligionarios habían caído bajo el hechizo revolucionario francés, denunció los excesos predecibles que ella traería. Él fue capaz de prever el poder expansionista de esta ideología, temiendo que llevaría a la destrucción de la tradición, de la religión, de la propiedad y de un orden social que había demostrado ser el más eficaz por el único criterio válido para medirlo: su perduración en el tiempo. Sostenía que, antes de aprobar el rumbo de Francia, había que cerciorarse de que allí se estableciera realmente un esquema “de libertad sólido y racional y la seguridad legal de todos sus ciudadanos, de sus vidas y sus propiedades, del libre ejercicio de sus capacidades y su industria y del goce de bienes que por ley hubiesen heredado, de modo que cada ciudadano pueda decentemente expresar sus sentimientos acerca de los asuntos públicos, sin peligro para su vida y seguridad, así sea que ellas vayan en contra de la opinión de moda que hoy predomina”.

En el caso chileno, se puede sostener que existe una posibilidad de que la violencia de ese octubre resulte ser el inicio de una verdadera revolución, no solo por su violencia sino, sobre todo, porque significó la caída de instituciones establecidas, empezando por la Constitución. La historia está plagada de eventos muy violentos, pero que mantienen el statu quo y, por lo tanto, no constituyen una revolución, porque para serlo se requiere que esos eventos lleven a un cambio profundo de las élites y a una transformación radical del régimen político, económico y social. En general, estos cambios además son resistidos vigorosamente por una parte relevante de la población.

De acuerdo con estas categorías de análisis, es posible sostener que desde octubre estaríamos en un proceso revolucionario. Ello, porque lo que se está proponiendo, no solo en el proyecto constitucional sino también en el programa de gobierno, es una transformación que viene a poner fin a la República de Chile, reemplazándola por un “Estado plurinacional”, con entidades territoriales autónomas, autogobierno político, administrativo y financiero para los pueblos indígenas, incluido un sistema judicial distinto y escaños reservados en todas las instituciones del país. En suma, el fin del Estado nacional y de nuestra identidad compartida, de la igualdad ante la ley sin privilegios para ningún grupo; el reemplazo de la democracia representativa por el asambleísmo; el debilitamiento de los derechos individuales que garantizan la libertad personal, y además, la imposición de una hegemonía cultural coercitiva desde el Gobierno mismo.