Señor Director:

Reciente información en su diario da cuenta de que la constructora Fundamenta ha decidido suspender las obras en ejecución del megaproyecto “Egaña Comunidad Sustentable” (Av. Irarrázaval-Av. A. Vespucio), en atención a que la nueva Comisión de Evaluación Ambiental de la R. Metropolitana rechazó este proyecto, pese a que contaba con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, pero que, en definitiva, el Segundo Tribunal Ambiental resolvió retrotraer su evaluación para revisar temas de impacto ambiental no considerados en la RCA.

Sin perjuicio de la suspensión de obras, la empresa, según declaración de su gerente en la misma publicación, “recurrirá a todas las instancias que corresponda” para revertir la decisión que les afecta.

En mi opinión, esta es una clara advertencia del desarrollo que se prevé a futuro, que ya se ha verificado respecto de otras obras en construcción o ya terminadas y que, en definitiva, han significado graves consecuencias de impacto ambiental, pese a que, como en este caso, no obstante resoluciones negativas (permisos de construcción de municipios, sentencias de tribunales y dictámenes de Contraloría General de la República), inexplicablemente estas obras avanzaron hasta su término, haciendo uso de todas las instancias administrativas y judiciales, incluso amparándose en la demora o negativa inexplicable para expedir las respectivas órdenes de demolición (casos Desarrollo Inmobiliario Bellavista-Pío Nono, Mega Torres de Estación Central, hotel Punta Piqueros).

Ojalá que este caso, del proyecto de Fundamenta (que lleva 33% de avance), no siga el mismo curso expuesto y se llegue a la etapa del fait accompli, cuando ya, jurídicamente, nada o casi nada se pueda hacer.

Algo anda mal: la institucionalidad o la normativa jurídica ambiental, ¿o las dos cosas?

Sergio Montenegro Arriagada
Prof. (Asoc.) Derecho Ambiental
Fac. Derecho, U. de Chile