Editorial
Jueves 07 de abril de 2022
Ucrania y la justicia penal internacional
Las demandas de urgencia en la investigación de crímenes de guerra buscan reafirmar la vigencia del derecho internacional y también fortalecer su posición negociadora.
El clamor en Occidente por perseguir la responsabilidad penal en la guerra desencadenada por Rusia en contra de la soberanía y pueblo ucranianos comienza a concretarse en investigaciones por crímenes contemplados por el derecho internacional.
El Presidente Biden calificó al Presidente Putin de criminal de guerra. El Presidente Volodimir Zelenski fue más allá: lo hizo responsable de genocidio. Otros juristas coinciden en denunciar la comisión de delitos contra la humanidad y de agresión.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) está investigando la comisión de tres de los crímenes anteriores. Exceptuó el más evidente y novedoso, de agresión, debido a la falta de jurisdicción de la CPI, que exige que el acusado de provocar guerra manifiestamente ilegítima sea nacional de un país signatario de la Convención de 1998 que tipificó ese delito. Rusia, al igual que todas las grandes potencias y la mayoría de las naciones, no es parte de dicha convención.
Las masacres, muertes sistemáticas de civiles inocentes, destrucción masiva de hospitales e infraestructura básica, bombardeos de misiles y artillería para despoblar ciudades, fraudulentas ofertas de vías de escape para luego bombardear y asesinar a los transeúntes, y otras atrocidades, están debidamente documentados en fotografías, coberturas televisivas y fehacientes testimonios de impacto global, en descrédito de las fuerzas armadas y del gobierno de Moscú. Recogidas las evidencias de estos crímenes, vendrá el probatorio que determinará la responsabilidad de los autores, que apunta a Putin y su alto mando.
Putin permanece inmutable ante estas acusaciones y realidades; continúa sosteniendo que la invasión no es una guerra, sino una “operación especial” en defensa de la soberanía y seguridad de Rusia, que según él se habría visto obligada a reaccionar ante la militarización y provocación del gobierno de Ucrania.
Mientras los medios de comunicación internacionales horrorizan diariamente a cientos de millones de hogares con la difusión de pruebas de la aniquilación brutal de ucranianos, los medios oficiales de Rusia sostienen que la exhibición de cadáveres, entierros masivos y heridos, y de refugios de civiles destruidos, son montajes y falsedades para desprestigiar y desestabilizar a Rusia y a Putin. La contraproducente y para muchos imprudente declaración de Biden, de que “este hombre no puede permanecer en el poder”, ha terminado fortaleciendo la campaña en favor del autócrata. A ello se suma el escepticismo respecto de la eficacia de la justicia internacional, como se ha demostrado por los eventos criminales en Siria, que no han traído consecuencias para Bashar Al Assad y las autoridades de Rusia que los ordenaron.
Políticos, referentes de la cultura, gobiernos occidentales, la Unión Europea y un acuerdo unánime del Senado norteamericano solicitan urgencia en las investigaciones de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. Los motiva la solidaridad con el sufriente y abandonado pueblo ucraniano. Buscan prestarle mayor poder de negociación y, finalmente, reafirmar la vigencia del derecho internacional, que sostenidamente después de la Segunda Guerra Mundial ha sumado delitos y establecido tribunales para sancionar responsabilidades penales en los conflictos armados.
El Presidente Biden calificó al Presidente Putin de criminal de guerra. El Presidente Volodimir Zelenski fue más allá: lo hizo responsable de genocidio. Otros juristas coinciden en denunciar la comisión de delitos contra la humanidad y de agresión.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) está investigando la comisión de tres de los crímenes anteriores. Exceptuó el más evidente y novedoso, de agresión, debido a la falta de jurisdicción de la CPI, que exige que el acusado de provocar guerra manifiestamente ilegítima sea nacional de un país signatario de la Convención de 1998 que tipificó ese delito. Rusia, al igual que todas las grandes potencias y la mayoría de las naciones, no es parte de dicha convención.
Las masacres, muertes sistemáticas de civiles inocentes, destrucción masiva de hospitales e infraestructura básica, bombardeos de misiles y artillería para despoblar ciudades, fraudulentas ofertas de vías de escape para luego bombardear y asesinar a los transeúntes, y otras atrocidades, están debidamente documentados en fotografías, coberturas televisivas y fehacientes testimonios de impacto global, en descrédito de las fuerzas armadas y del gobierno de Moscú. Recogidas las evidencias de estos crímenes, vendrá el probatorio que determinará la responsabilidad de los autores, que apunta a Putin y su alto mando.
Putin permanece inmutable ante estas acusaciones y realidades; continúa sosteniendo que la invasión no es una guerra, sino una “operación especial” en defensa de la soberanía y seguridad de Rusia, que según él se habría visto obligada a reaccionar ante la militarización y provocación del gobierno de Ucrania.
Mientras los medios de comunicación internacionales horrorizan diariamente a cientos de millones de hogares con la difusión de pruebas de la aniquilación brutal de ucranianos, los medios oficiales de Rusia sostienen que la exhibición de cadáveres, entierros masivos y heridos, y de refugios de civiles destruidos, son montajes y falsedades para desprestigiar y desestabilizar a Rusia y a Putin. La contraproducente y para muchos imprudente declaración de Biden, de que “este hombre no puede permanecer en el poder”, ha terminado fortaleciendo la campaña en favor del autócrata. A ello se suma el escepticismo respecto de la eficacia de la justicia internacional, como se ha demostrado por los eventos criminales en Siria, que no han traído consecuencias para Bashar Al Assad y las autoridades de Rusia que los ordenaron.
Políticos, referentes de la cultura, gobiernos occidentales, la Unión Europea y un acuerdo unánime del Senado norteamericano solicitan urgencia en las investigaciones de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. Los motiva la solidaridad con el sufriente y abandonado pueblo ucraniano. Buscan prestarle mayor poder de negociación y, finalmente, reafirmar la vigencia del derecho internacional, que sostenidamente después de la Segunda Guerra Mundial ha sumado delitos y establecido tribunales para sancionar responsabilidades penales en los conflictos armados.
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