Señor Director:

Estoy, tal como miles de agricultores, sufriendo las consecuencias de la sequía. Es más, según los pronósticos y fruto del cambio climático, ella persistiría e incluso podría agravarse. Afortunadamente, Chile tiene, en potencia, los recursos hídricos y energéticos necesarios para mitigar los efectos de tal sequedad. Para ello se deben adoptar las políticas públicas adecuadas, siendo un requisito sine qua non que la nueva Constitución lo permita. Pareciera que ese no sería el caso.

En efecto, la Convención Constituyente ha tendido, en general, a proponer normas con un carácter estatista y redistributivo. Así también lo ha hecho hasta ahora con el agua la comisión correspondiente. Se estaría derogando el recientemente promulgado Código de Aguas, caducando los derechos de uso del agua existentes, y empoderando al Estado para que entregue concesiones por tiempos cortos y de acuerdo a prioridades establecidas constitucionalmente.

La propuesta supone implícitamente —contra toda experiencia histórica— que el Estado repartirá estos derechos en forma eficiente, justa y sin corrupción. Se conjetura además, implícitamente, que el Estado dispondrá de los recursos para financiar las inversiones requeridas para aumentar la oferta de agua. Esta es una pura ilusión, dado que se trata de miles de millones de dólares anuales que deberán competir con el aumento del gasto público en pensiones, salud, educación, vivienda social, autopistas y penitenciarías, todos servicios que, en una buena medida, se estarían estatizando constitucionalmente.

En resumen, la actual propuesta de la Convención Constitucional en materia de agua —como lo tiende a ser también en otras materias— es una quimera y de adoptarse no solo no permitirá resolver los problemas del agua en Chile, sino que los agravará.

Rolf Lüders