El proceso de Operación Renta que empieza cada año en abril, en el que más de 3,5 millones de contribuyentes realizan su declaración de impuestos, nos recuerda que parte de nuestros ingresos financian el gasto público del cual todos y todas de alguna manera nos beneficiamos.

Esta recaudación es 20,7% del PIB (2019). Sin embargo, una parte importante de lo que se debería recaudar no se obtiene por efectos de la evasión y elusión tributaria. Michel Jorratt (2020) estimó que la evasión en 2017 era de 5,5% del PIB para el impuesto a la renta y de 2,1% del PIB para el caso del IVA, totalizando un 7,6% del PIB, mientras el promedio de la OCDE es 3,2% del PIB. Evasión que además es regresiva.

En este sentido, uno de los desafíos tributarios más ambiciosos del gobierno del Presidente Gabriel Boric, en materia tributaria, es disminuir los niveles de evasión y elusión. Específicamente, se debe avanzar en la aplicación administrativa de la norma anti-elusión, como ocurre en el resto del mundo, de manera de generar un efecto disuasivo que resulte creíble en el tiempo. En esta misma línea, sería una muy buena noticia que el Congreso Nacional apruebe el proyecto sobre saldos de cuentas corrientes que está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que consideramos como un estándar mínimo de información a la que debe acceder el SII con el objeto de identificar brechas de cumplimiento.

Otro aspecto relevante es la urgente creación de un registro de beneficiarios finales, materia que le permitirá a la autoridad tributaria tener información actualizada respecto de la composición de las mallas societarias y de sus dueños. Información que hoy no es posible tener.

No nos debemos olvidar tampoco de la lucha que se está llevando a nivel mundial en contra del uso de paraísos tributarios. En tal sentido, sería importante avanzar en medidas administrativas y legales en línea con las recomendaciones de la OCDE, reforzar nuestro compromiso con el plan “BEPS” (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios), identificar normas en materia de impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado y otros que puedan ser fuente de elusión.

Por otra parte, estamos trabajando para reforzar y modernizar la institucionalidad tributaria relacionada con el cobro de impuestos, especialmente el Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Tesorería General de la República y la Unidad de Análisis Financiero, entre otros.

Estas medidas no son aisladas, son parte de lo que llamamos un “nuevo pacto fiscal”, es decir, una respuesta tributaria para enfrentar los desafíos que tenemos como sociedad. Que nos permita generar los recursos necesarios para un nuevo rol del Estado en la economía y la sociedad, a través de un desarrollo económico más equitativo entre regiones, inversión en I+D y tecnología, enfrentar la crisis climática y fortalecer las instituciones ligadas a la seguridad ciudadana.

Parte fundamental de este nuevo pacto fiscal es que seamos capaces de recaudar lo que deberíamos, mejorando la “justicia tributaria”, o sea, que cada persona y empresa pague los impuestos que corresponden. Recordemos que los impuestos son lo que pagamos para tener una sociedad moderna, justa y civilizada.

Claudia Sanhueza
Subsecretaria de Hacienda