La violencia en política es una acción siempre arbitraria. Los hechos ocurridos en estos días en la macrozona sur lo corroboran. El grupo Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), reuniendo a alrededor de 40 encapuchados armados, quemó 16 viviendas en el lago Lanalhue (Contulmo) y exigió al Gobierno que en 48 horas retirara todas las querellas que puedan afectar la “causa” mapuche, además de destituir a los abogados que han alegado en ellas. La fría decisión de, en nombre de esos objetivos, afectar a quienes con esfuerzo construyeron sus viviendas da cuenta de una actuación que no repara en costos sociales y que no tiene en mente el interés de quienes se dice representar. Según muestran los estudios, la inmensa mayoría del pueblo mapuche aspira a la paz y no está dispuesto a avalar una autonomía territorial que no valora. Revelador es, por lo demás, que el grupo RML haya también demandado que los abogados del Gobierno no se presenten a alegar en la vista de la causa por el homicidio de Eleodoro Raiman, miembro de la misma etnia.

Una actitud similar se advierte en la absurda declaración de la CAM, que rechaza iniciar conversaciones “con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente”, mencionando al subsecretario del Interior. Al mismo tiempo, habla de “sectores mapuches cooptados y serviles” que se prestarían para un falso diálogo, en oposición al “camino político militar”.

Es evidente que ninguno de estos grupos tiene interés en dialogar. Saben que el país y su propio pueblo no adhieren a sus intentos separatistas. Por eso la adhesión a la violencia es el proyecto que les acomoda. Esta es una razón más que suficiente para no perseverar en intentos de diálogo con ellos. Toda conversación supone la búsqueda de soluciones de compromiso que no están dispuestos a aceptar. En cambio, pretenden imponer su agenda, excluyendo a actores relevantes y verdaderamente representativos de las comunidades, en una vieja estratagema que ningún gobierno debe olvidar. Por eso fueron tan equívocas las acciones y declaraciones iniciales de las nuevas autoridades, en cuanto a que querían un diálogo simultáneo con todos los sectores. Bajo ese enfoque, que no diferencia entre demandas legítimas y actos de violencia, los extremistas no incurren en costo alguno por sus actuaciones. Los hechos de estos días lo prueban.

Por ello, es bienvenido el cambio de actitud que ha insinuado el Gobierno, particularmente a través del subsecretario Monsalve, de focalizar el diálogo en quienes rechazan la violencia; también es positiva la presentación de una querella por los atentados en Contulmo, aunque sería inentendible que no aludiera al carácter terrorista del ataque. La situación de inseguridad, de pobreza y de ausencia de reconocimiento del pueblo mapuche hace necesario abandonar la lógica que intentan imponer tales grupos, a los que debe aislarse, para generar entendimientos con quienes sí están abiertos al diálogo. Por cierto, existe el riesgo de que los violentistas intenten sabotear ese proceso, pero mucho peor es someterse a su chantaje. Aceptar sus presiones conduciría a un equilibrio precario, que mantendría en la inseguridad a quienes habitan las zonas del conflicto. Perseverar en buscar entendimientos con quienes sí están comprometidos con la paz puede en cambio llevar a resultados inmensamente superiores.

Indudablemente, la segunda alternativa tiene más posibilidades de éxito si simultáneamente el Gobierno, usando todos los instrumentos que permite el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, persevera con vigor en mantener a raya a los grupos terroristas e impedir sus “acciones militares”. En esta tarea, la administración no debe tener reticencias, toda vez que el respaldo de la población será mayoritario.