Las universidades públicas valoramos que exista un sistema universitario bien avenido y hemos contribuido decisivamente a ese fin. Por ello, y porque el proceso constituyente busca reconstruir el ámbito de lo público y la idea de bien común, es que queremos evitar que se confunda el concepto de “universidad pública”.

Sabemos que, bajo dictadura, un grupo de profesores universitarios indoctrinados instalaron un modelo de sociedad donde lo único valioso era la iniciativa privada. La premisa de Estado subsidiario marcó la vida de nuestra sociedad y lo público pasó a ser un submundo para los incapaces de acceder a ese mundo superior.

Habiéndose denostado lo público por décadas, el que universidades privadas quieran ser consideradas públicas pareciera un deseo insólito. De hecho, ninguna clínica privada pide ser llamada hospital público ni colegio particular ser llamado liceo público. Si bien podría resultar halagador que otras quieran identificarse con las nuestras, llamamos a respetar denominaciones como “pública”, “católica”, “tecnológica” o “privada”, que constituyen factores de identidad.

La línea que separa lo público de lo privado es inequívoca. La Real Academia Española define la universidad pública como “Institución de enseñanza superior creada y dependiente de un poder público”, mientras la privada lo es “de una persona física o jurídica privada”. Por su parte, la OCDE define como pública a “toda casa de estudio controlada y gestionada directamente por una autoridad o agencia estatal, o cuyo órgano superior está conformado en su mayoría por miembros designados por la autoridad o elegidos públicamente”.

Si bien la educación es un bien público, el que una institución produzca bienes públicos no le otorga el carácter de pública. Nadie dudaría de que hay muchas excelentes universidades privadas en el mundo que han hecho grandes contribuciones a la humanidad.

Las universidades públicas lo son porque pertenecen al Estado y a todos sus ciudadanos, lo que las hace independientes de los intereses de grupos de poder, las obliga a satisfacer las necesidades generales de la sociedad, y las insta a participar de las políticas públicas definidas por el Estado, no pudiendo autoexcluirse por objeciones de conciencia. También responden a deberes de transparencia y a rigurosas normas procedimentales y de rendición de cuentas. Ninguna de estas obligaciones se aplica a las entidades privadas, lo que permite a estas competir frente a las públicas con ventajas netas y negociar tranquilamente en el ámbito privado.

El carácter de público tampoco debe confundirse con la posibilidad de recibir recursos públicos. Sin embargo, el lema “un peso por un peso” esgrimido en el debate parlamentario aludiendo a que los gobiernos no pueden darles nada a las universidades públicas si no les dan lo mismo a las privadas, quizás pareciera algo excesivo. Entre nosotros siempre ha habido financiamiento público para las universidades privadas y lo seguirá habiendo, aun si el financiamiento universitario dejara de basarse en el mecanismo del voucher, como ocurre incluso para la Gratuidad, y, en un absurdo sublime, para la Gratuidad en el sistema público.

Sin juzgar intenciones, hacer ambiguo el concepto de universidad pública tiene dos consecuencias objetivas: primero, relativiza la especificidad de las verdaderas universidades públicas en su interacción con el resto del Estado, lo que facilita la continuidad del actual modelo de sociedad que privilegia lo privado; segundo, permite que instituciones privadas se apoderen de bienes y funciones públicas, privatizando patrimonios que pertenecen al bien común.

Hoy debemos reforzar la educación pública, entendida como un sistema articulado a través de los niveles parvulario, básico, medio y superior. A su vez, debemos integrar el sistema universitario público con otras entidades del Estado, por ejemplo, que converjan su docencia e investigación en salud con la función asistencial de los hospitales públicos.

Si hemos de transformar el modelo de sociedad actual, especialmente en el área educacional, debemos liberarnos de las tergiversaciones impuestas por la dictadura. A la vez, universidades públicas y privadas habremos de armonizar un sistema universitario en que el Estado se responsabilice y cuente con sus instituciones propias, junto con apoyar económicamente a las universidades privadas e interactuar con ellas conforme a su contribución a la esfera pública.

Ennio Vivaldi
Rector de la Universidad de Chile