La comisión de Derechos Fundamentales de la Convención ha continuado debatiendo las propuestas relacionadas con derechos sociales. Entre otras, rechazó la iniciativa popular para garantizar la propiedad de los fondos previsionales y visó otra para establecer un sistema público, si bien desechó un artículo transitorio que establecía la entrega de los fondos al Estado en el plazo de un año. En Salud, en tanto, suscribió tres propuestas que han provocado controversia, como suele ocurrir en todo el mundo en esta materia. Pero las iniciativas aprobadas aquí van más allá de la experiencia mundial, puesto que la comisión parece procurar la creación de un sistema de salud que es muy poco frecuente y hoy solo existe en unos pocos países de orientación socialista.

Los sistemas de salud, como regla general, son mixtos en cuanto a quienes proveen las atenciones, con participación de organizaciones públicas y privadas. En cuanto al financiamiento, los seguros también suelen ser mixtos, aunque en los últimos años se ha observado una tendencia a concentrar en una entidad, generalmente estatal, todos los sistemas de pagos a quienes realizan las prestaciones. Ello, aun cuando en muchos países de la OCDE existen múltiples compañías privadas de seguros de salud que conviven con algún sistema estatal. La comisión parece haber comunicado que no quiere nada similar y se ha inclinado por hacer de Chile uno de los poquísimos países que virtualmente solo tendrían atención pública, financiada también por el Estado.

Las iniciativas comentadas tuvieron distintos orígenes: una surgida de la Convención y otras dos de las llamadas Iniciativas Populares Constituyentes. La primera de estas últimas fue presentada por la Confusam, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, y la otra de la Fenpruss, organización que representa los intereses de los profesionales de la salud no médicos. La primera de todas establece “el derecho a la salud integral” y crea un “sistema universal de salud” que se financiará con rentas generales de la nación, pudiendo la ley establecer cobros obligatorios. Además, indica que los prestadores privados que se integren no podrán tener fines de lucro. Los funcionarios municipales agregaron que el sistema único y universal debe ser “articulado desde el territorio municipal”.

De estas disposiciones se sigue el cierre de las isapres en el plazo de un año desde que entre en vigencia la nueva Constitución. Esa sola disposición debiera dar origen a un importante debate, pues se ha demostrado que el traspaso de los cerca de tres millones de beneficiarios del sistema privado al público originaría un problema financiero de magnitud. Baste considerar el gasto en licencias por enfermedad en este grupo económico, de ingresos más altos, para concluir que su incorporación no sería ventajosa para el sistema universal de salud. Las listas de espera y la saturación de los hospitales públicos tampoco aconsejan recargarlo con millones de nuevos beneficiarios. La integración entre el sector privado y el sector público ha revelado tener un impacto muy positivo para enfrentar situaciones complejas, como lo ha sido el desafío del covid-19. El país espera un debate a fondo en el pleno de la Convención, pero no solo por sus efectos económicos, sino más bien por el impacto en la salud pública.