Una Constitución sin listas de independientes

La ciudadanía está descontenta con los partidos políticos. Según la última encuesta CEP, solo el 4% confía en ellos. Esa desconfianza es parte de las razones detrás de la crisis política que vivimos y que motivó el respaldo mayoritario para que una Convención Constitucional plenamente elegida por la ciudadanía diseñara una nueva Constitución. Motivado por el descontento con los partidos y, también, por el deseo de renovación de las élites políticas, el Congreso permitió la presentación de listas de independientes a la Convención, lo que bajo el sistema de elección proporcional permite el traspaso de votos entre ellos. Esto llevó a que el 42% de los convencionales fuera electo en esas listas. Más aún, varios partidos políticos incluyeron dentro de sus listas a candidatos independientes, con lo cual hay solo 33 militantes de partidos entre los 155 convencionales.

Ahora la Convención, compuesta mayoritariamente por independientes, tiene que diseñar las reglas del sistema político en la nueva Constitución. La tentación es replicar el modelo de la Convención y facilitar la presentación de listas y candidaturas independientes en los órganos de elección popular. Creemos que eso sería un error.

La verdad es que, si bien la presencia de independientes ha permitido representar una gran variedad de intereses y sensibilidades en la Convención, ella también ha sido compleja para el funcionamiento de un órgano que tiene que llegar a acuerdos de modo rápido y transversal. Grupos que fueron elegidos bajo una misma lista, como la del Pueblo, rápidamente se dividieron en varias facciones, contribuyendo a la enorme fragmentación de la Convención (que ya contaba con la representación de quince partidos). Estos múltiples colectivos no siempre cuentan con idearios claros, y poco sabemos sobre cómo se toman decisiones en su interior. Ello aporta a la confusión de la ciudadanía respecto de lo que ocurre en la Convención.

La búsqueda de acuerdos en este archipiélago de movimientos y colectivos ha sido sumamente difícil. Ello en parte explica por qué los informes iniciales de varias comisiones han sido rechazados abrumadoramente por el pleno. Es muy difícil poner de acuerdo a tantos grupos, más cuando estos no cuentan con liderazgos definidos ni, mucho menos, procedimientos de toma de decisión. Algunos han intentado equiparar la idea de independencia con virtud moral. El caso del exconvencional Rojas Vade ciertamente lo desmiente.

La posibilidad de conformar listas de independientes para órganos de elección popular como el Congreso vulnera el espíritu de los sistemas proporcionales, pues en estos el traspaso de votos se da en virtud de compartir un proyecto común y claro, lo que es dudoso para los independientes. Muestra de ello son los numerosos descuelgues en la Convención (que suman 18 en el caso de la Lista del Pueblo). Es cierto, los partidos no han estado a la altura en términos de transparencia y democracia interna, pero no hace sentido reemplazarlos por grupos que carecen totalmente de ellas. Por ejemplo, por defectuosos que sean los partidos, la ciudadanía tiene una cierta idea de cómo escogen a sus candidatos. En cambio, la selección al interior de grupos sin orgánica ni institucionalidad es un absoluto misterio.

En el último acuerdo al que se llegó en la comisión de Sistema político se tomó la sabia decisión de no equiparar los movimientos sociales e independientes a las organizaciones propiamente políticas. Esperamos que ello sea ratificado en el pleno. Las nuevas normas deberían propender a fortalecer a los partidos políticos, no a disminuir su relevancia. La Convención fue electa en un momento muy especial de nuestra historia política y ello explica su peculiar conformación. Sin embargo, extender ese diseño al sistema político chileno solo acrecentará la fragmentación y la inestabilidad de las coaliciones y partidos políticos.

Nuestra democracia necesita partidos con liderazgos claros, que funcionen bajo estándares democráticos exigentes, y que le presenten al país alternativas programáticas concretas que puedan proyectarse en el tiempo. El desafío es que los movimientos se institucionalicen, no bajarles los estándares. La nueva Constitución debe apuntar hacia esos objetivos, y no a debilitar la representación política de la ciudadanía.

Loreto Cox
Diego Gil
Escuela de Gobierno UC