Quedan pocos meses de trabajo de la Convención y aún hay paño por cortar, pero ya hay bastante aprobado por 2/3 para escrutar y las señales sobre lo que queda por hacer son claras y preocupantes. No es inapropiado, a pesar de que reste algo de tiempo, hacer una apreciación sobre la calidad, rigor y los posibles efectos en la población del trabajo de la Convención. No hacerlo es un cinismo. Debemos dejar de mirar la crítica fundada con sospecha. Somos seres sintientes, como diría la Convención, pero también pensantes y reflexivos.

Más allá del fuerte golpe que sufrió nuestra institucionalidad tras el estallido de violencia, nuestra república tiene instituciones que, aunque perfectibles, son sólidas. Así, si el resultado del pensamiento crítico de los ciudadanos no es coincidente con lo que la Convención proponga al país, no será el fin del mundo. Será sí una tremenda oportunidad desaprovechada, pero es evidente que no será el statu quo, y que peor sería convivir por largas décadas con un pacto social y jurídico que debilite gravemente los cimientos de nuestro bienestar futuro. Más allá de lo que evoque este proceso constituyente o la Constitución del Presidente Lagos, lo que hay que escrutar es la propuesta concreta que comienza a dibujarse y su posible impacto en los trabajadores, mujeres, defensores del medio ambiente, personas vulnerables y, en general, los ciudadanos.

En lo que se refiere a la protección del medio ambiente, índices internacionales, que usan como antecedentes otros indicadores, como aquellos aplicados a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, revelan que los países más desarrollados (entre ellos Suiza, Noruega, Australia y Suecia), y en los que cualquier observador advierte que el crecimiento, la iniciativa privada y el desarrollo productivo sostenible son impulsados, protegen más el medio ambiente que los países más pobres. Así, a los defensores del medio ambiente no debiera darles lo mismo si Chile se encamina al desarrollo sostenible o al subdesarrollo. Y, sin embargo, observamos cómo la Convención “ecologista” pareciera hacer un esfuerzo por debilitar el camino al progreso.

Existe una correlación muy fuerte entre la férrea protección del derecho de propiedad y el desarrollo, de manera que, si la relación se quiebra, escasamente podremos aspirar a alcanzar mejores salarios, oportunidades, calidad de vida y cuidado del medio ambiente. Si bien la regulación constitucional asociada a este derecho aún no se logra zanjar, ¿cuál es el esmero en negarse a establecer que, si te expropian, deben pagarte una indemnización (y no un “justo monto”) que compense la pérdida patrimonial, en forma previa a la toma de posesión del bien expropiado, al contado?

A las trabas que ya experimentan los proyectos en el SEIA se suman otras: obtener el consentimiento expreso (no consulta) de las naciones indígenas para desarrollar actividades productivas si ellas les afectan (¿y a quién no le afecta una actividad productiva?) ¿Cuánto ralentizará, cuando no paralizará, posibles fuentes de trabajo, ingresos y la infraestructura de las regiones? Ello además de que se ha consagrado a la naturaleza como sujeto de derechos. Cumplir con las normas ambientales es un deber y es deseable, pero poner complejas cortapisas al desarrollo a nivel constitucional es un disparo en el pie. A ello se suma la incertidumbre que abre el Estado empresario que emergerá desde las regiones según ya se aprobó. La proliferación de empresas estatales no es garantía de buen servicio; no tienen por objeto maximizar utilidades y sus pérdidas podrían terminar siendo subsidiadas por la región, pudiendo aumentar con ello su participación y depredar el mercado, generando monopolios ineficientes y bloqueando a los emprendedores de las regiones.

El camino hacia sociedades más inclusivas requiere que pongamos atención en la educación. En materia de libertad de enseñanza, esta debe consagrarse sin trabas. Más de 2 millones de familias encuentran en la educación particular subvencionada un proyecto educativo que privilegian, incluidas mujeres y madres solteras que, confiando en esta oferta, han podido entrar a un mundo laboral que les da independencia, libertad y el orgullo de aportar al desarrollo de su proyecto de vida. ¿Si coartamos la oferta educativa, de qué feminismo nos hablan? La palabra será del pleno.

Un mal diseño constitucional puede conducirnos a una pesadilla que no vivirán los principales rostros del proceso que, por años, serán invitados a seminarios internacionales y destacados por la prensa, sino la clase media, mujeres, jóvenes y los más vulnerables, que irónicamente pusieron sus esperanzas en esos rostros.