Las cifras económicas no son auspiciosas. Las proyecciones del Banco Central apuntan a una inflación que bordeará el 10% a mediados de año, y donde la actividad crecerá en promedio un 0,9% en los próximos dos años. En términos per cápita, una larga contracción económica.

Después de lamentar las noticias, las primeras miradas siempre apuntan al Gobierno. ¿Qué paquete de medidas estará considerando? Como si fuera una sastrería, la reacción casi instantánea es esperar las medidas del Ejecutivo para enfrentar la desaceleración. Ello no es del todo sorpresivo. La economía lleva varios años a los tumbos, y los gobiernos han reaccionado casi siempre con estímulos a la demanda. El exceso de gasto fiscal que arrastramos tiene mucho de esta lógica, y la pandemia no hizo sino agudizarla.

La necesidad de estimular la demanda a través de transferencias o de inversión pública se justifica cuando los privados están retraídos. Ya desde Keynes, el gran promotor de esta visión, se establecieron condiciones bajo las cuales el gasto fiscal podía transitoriamente compensar una baja demanda privada. Los esfuerzos contracíclicos de la política fiscal buscan exactamente aquello.

Pero ello no significa que toda desaceleración sea un problema de demanda, y que por lo tanto requiera nuevos impulsos. Todo apunta a que esta es una buena descripción de la realidad chilena. La alta inflación y un significativo déficit de la cuenta corriente —que sería aún mayor sin un precio del cobre en las nubes— reflejan que la presión en la economía sigue alta. En jerga coloquial, la actividad se está enfriando después de un período caliente y, en las condiciones actuales, no necesita más temperatura. Por ello, los llamados a nuevos IFEs deben ser desoídos.

Ello no quita que el bajo crecimiento no sea preocupante. Lo es, y mucho. Pero no tanto porque se esté corrigiendo un período de excesivo dinamismo, sino porque la capacidad de crecimiento de mediano plazo está en la UTI. Para reencantar la inversión no se necesita más política fiscal, sino señales y compromisos opuestos a los que vemos a diario. El mayor costo de financiamiento de largo plazo y la amenaza de fuertes alzas de impuestos no son particularmente convocantes para la inversión. Pero estos temas son secundarios al lado de lo que sale de la Convención Constitucional a diario. El abierto desprecio por la actividad privada, y las innumerables cortapisas al emprendimiento no solo agudizan la desaceleración, sino que la hacen persistente.

El Gobierno no puede eludir la responsabilidad de esto. Por ello, si quiere revitalizar la economía no debe estimular la demanda, sino más bien la reflexión de sus propios constituyentes. Ahí está el meollo del asunto.