El acuerdo alcanzado por un grupo de convencionales de la comisión de Sistema Político propone un diseño cuyos efectos deben calibrarse con mayor detenimiento.

Primero, se desprende del texto un débil sistema de pesos y contrapesos. Los convencionales han propuesto desconcentrar el poder, pero lo acordado puede producir justamente lo opuesto. Se contempla un Presidente que podrá reelegirse, pero sin el contrapeso de una Cámara Alta. Si el Presidente y la Cámara de Diputados son del mismo signo, se instala el riesgo de concentración del poder, como ocurre en diversos casos de América Latina (El Salvador, Perú, Venezuela, etcétera).

Segundo, a primera vista se avanzaría en un pseudo bicameralismo. Amparados en las supuestas bondades del bicameralismo asimétrico, algo que no existe en el presidencialismo (ver análisis de Toro et al., 2022), la comisión acordó eliminar el Senado y crear un órgano fuera del Congreso, denominado “Cámara de las Regiones”. Este órgano tiene iniciativa legislativa sobre una muy reducida lista de materias. De hecho, si uno mira la tabla legislativa del Senado de la semana pasada, prácticamente ninguno de los proyectos ahí definidos sería discutido por la instancia que reemplazaría al Senado.

La intrascendencia de la segunda cámara se aprecia también en el diseño referido a las comisiones mixtas. Como ha sido documentado en amplia literatura, las comisiones mixtas deben ser instancias de conciliación y construcción de acuerdo entre las cámaras. En el modelo acordado por los convencionales, solo el Congreso y no la Cámara de las Regiones vota las enmiendas propuestas para resolver la discrepancia entre cámaras.

Es contradictorio decir que bajo la nueva Constitución las regiones tendrán más influencia cuando intencionalmente se busca marginarlas de las decisiones nacionales, obligándolas a integrar una cámara testimonial.

Tercero, las instituciones contempladas no favorecen la cooperación, sino el conflicto. Ello se aprecia en la ambigüedad con que se ha redactado la figura del veto y sus insistencias, que es una institución relevante cuando los gobiernos no cuentan con una mayoría parlamentaria. También se observa en la consagración del dominio mínimo legal que, en la práctica, significa que resucitan las leyes “con nombre y apellido” motivando el clientelismo. Y especialmente en la figura de leyes de “concurrencia presidencial” que reemplaza la actual iniciativa exclusiva.

En esta última materia, se permitirá que los legisladores puedan ingresar proyectos que irroguen gasto fiscal o sobre administración presupuestaria e impuestos, entre otros. Luego, se dispone que las mociones que versen sobre dichas materias de concurrencia presidencial pueden ser tramitadas y aprobadas, exigiendo solo que para su promulgación deban contar con el patrocinio del Ejecutivo. Dicho patrocinio puede darse hasta quince días después del despacho de la comisión respectiva.

En un escenario de debilitamiento de los partidos y en el que estos tienen serias dificultades para imponer disciplina a sus parlamentarios, con el diseño propuesto será frecuente ver a diputados proponiendo proyectos de ley populares, pero presupuestariamente inviables. Esto se traducirá en una permanente presión por más gasto fiscal y arrastrará regularmente al Gobierno a dar explicaciones sobre su negativa. Con ello, institucionaliza una tensión problemática para la gobernabilidad que enfrentará a una mayoría legislativa con escaso interés por la responsabilidad fiscal con un Gobierno acosado por gastar más. ¿No es esa una manera evidente de generar nuevas formas de conflicto político? Si esta figura existiese actualmente, el gobierno del Presidente Boric se vería presionado por un grupo de legisladores ansiosos de obtener el patrocinio para tramitar el quinto retiro, durante toda la tramitación del proyecto y hasta quince días después.

En suma, el acuerdo por el sistema político establece un conjunto de incentivos a veces discordantes entre sí, o bien desaconsejados por la literatura y los especialistas. El voluntarismo del acuerdo es palpable. Disminuir los frenos y contrapesos existentes y promover conflictos con el Ejecutivo que entorpezcan la labor de gobernar nunca han sido una buena receta para fortalecer la democracia.

Andrés Dockendorff
Instituto de Estudios Internacionales, U. de Chile
Christopher Martínez
Universidad Católica de Temuco
Sebastián Soto
Facultad de Derecho UC