Hace unos días se conoció el informe de la Comisión de Venecia sobre el trabajo que está realizando la Convención Constitucional. Junto con pertinentes recomendaciones acerca de temáticas como la institucionalidad judicial, el Tribunal Constitucional o el bicameralismo, el documento también responde una consulta respecto del carácter binario del plebiscito de salida, si ello es compatible con la necesidad de alcanzar consensos y si podrían planteárseles más opciones a los electores. La Comisión manifiesta cautela y hace notar las dificultades de introducir un cambio a estas alturas del proceso. Sin embargo, los comisionados señalan haber constatado un amplio reconocimiento entre actores de todo el espectro en cuanto a que, cualquiera sea el resultado del referéndum, igualmente debiera haber un cambio constitucional en Chile sustentado en un amplio acuerdo nacional. A raíz de ello, señalan que, si se estima necesario ofrecer una opción en esa línea, debiera ser por la vía de un compromiso de los actores políticos para llevar a cabo una reforma genuina después del plebiscito, más que modificar sus reglas.

Es un planteamiento valioso, en momentos en que el trabajo de la Convención, su afán refundacional y la radicalidad de sus propuestas despiertan justificadas y transversales alarmas. Se trata de una preocupación que trasciende a los sectores que apoyaron el Rechazo en el plebiscito de entrada: son numerosas las voces que en su momento se identificaron genuinamente con el Apruebo y que hoy se manifiestan decepcionadas ante el tenor que los convencionales han dado al proceso. Puede ser para muchos prematuro anticipar una postura, cuando el texto que se someterá a consulta está en plena elaboración. Sin embargo, lo avanzado anticipa una alta probabilidad de que sea una propuesta cuyos términos resulten inaceptables para sectores muy diversos del país, ya sea por vulnerar principios como el de la igualdad ante la ley y la igualdad del voto; por no resguardar adecuadamente libertades y derechos básicos; por no considerar un adecuado sistema de contrapesos, o por imponer fórmulas contrarias a valores relevantes para muchos chilenos.

A diferencia de lo señalado por autoridades de gobierno, el rechazo a una propuesta así no supondría volver a “la Constitución de Pinochet”, no solo porque el texto hoy vigente es muy distinto de aquel aprobado durante el régimen militar —de hecho, lleva la firma del Presidente Lagos y sus ministros—, sino porque tal escenario no supone cerrar el camino al cambio constitucional, el que desde luego continuaría abierto en el Congreso. Con todo, parece probable que, dado el curso que ha tomado el proceso, el plebiscito de salida polarice fuertemente al país y genere altos niveles de incerteza. En ese contexto, es responsabilidad de los actores comprometidos con los valores democráticos procurar reducir las tensiones y despejar la incertidumbre explorando acuerdos como el que sugiere el informe. En definitiva, la ciudadanía debe tener claro, al momento de votar, que el resultado del plebiscito en ningún caso situará al país en un escenario de vacío constitucional ni de fosilización de una institucionalidad cuestionada.