Señor Director:

Esta semana se aprobó por el pleno de la Convención Constitucional un artículo que señalaba lo siguiente: “Solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. La función establecida en este artículo no podrá ser ejecutada por privados”, y continúa haciendo referencia a las condiciones con las que deben contar los establecimientos en cuestión. A raíz de la aprobación de normas como la recién señalada es que vale la pena cuestionarse si estamos avanzando o si estamos retrocediendo en materia de políticas públicas, en el marco del proceso constituyente.

Actualmente en nuestro país existe un sistema carcelario mixto, pero eminentemente público. Es así como vemos que decenas de unidades penales hoy dependen del Estado y que, aun así, mantienen a sus internos en condiciones deplorables. Y es que el problema en materia penitenciaria y de reinserción social no pasa por condicionar constitucionalmente la intervención de los privados, sino que, por el contrario, el caer en cuenta de que una labor de tal envergadura requiere de la intervención de todo cuanto quiera y pueda y no solamente de quien está obligado a hacerlo.

Hoy vemos cómo se echa pie atrás, impidiendo a los particulares poder intervenir en algo tan importante para una sociedad como es el sistema carcelario.

El modelo que se buscó implementar por medio de permitir la intervención privada sin duda carece de toda perfección, pero constituye un gran punto de partida a considerar si comenzamos de la base de que estamos hablando de las condiciones de vida de las personas.

Es de esperar que esta labor constitucional que se le buscará arrogar al Estado por medio de la propuesta de nueva Constitución se materialice de la manera correcta, ya que, de lo contrario, los principales perjudicados serán quienes hoy habitan nuestros penales.

Bernardita Valdés
Fundación Creer - Esperanza tras las Rejas