El Gobierno propone incrementar el salario mínimo hasta $500.000 y reducir la jornada laboral a 40 horas. No obstante que en los últimos 30 años las horas trabajadas han caído y el salario mínimo ha subido, el cambio que se propone es más drástico. En el mundo empresarial, esto —más la reforma tributaria y el aumento en la cotización del empleador— representa un riesgo importante, en particular para empresas más pequeñas. Si no se hace bien, las empresas pueden tener problemas y sus trabajadores también.

El ministro de Economía señaló que el Gobierno prepara subsidios para ayudar a las empresas más pequeñas. En caso del salario mínimo, el subsidio cubriría aquella parte del incremento de costos más allá de lo que debiera de todas formas cubrir la empresa, como la inflación. Es un anuncio interesante, pero puede crear dependencia respecto del subsidio. Este debiera servir para que la empresa se acomode al nuevo salario, no para que una parte de los sueldos los pague permanentemente el Estado.

Para que esto sea posible, la política debe ir más allá e inducir tanto a empresas como a trabajadores a cambiar su forma habitual de trabajar y que sean más productivos después de la medida. La evidencia internacional sugiere que este tipo de políticas induce mayor adopción de tecnologías. Asimismo, se requieren mejoras en la gestión. Por su parte, a los trabajadores debe facilitárseles su desplazamiento hacia sectores o localidades en que con mayor solvencia pueden pagar sueldos más elevados. Todo esto representa esfuerzos adicionales que deben hacer empresas y trabajadores.

Las empresas que no puedan ajustarse, difícilmente serán sustentables. Los trabajadores que no puedan adaptarse pueden pasar por un período de desempleo. Esto solo puede plantearse si previamente se les entrega a empresas y trabajadores herramientas para mejorar la productividad.

La Comisión de PIB tendencial estima que en los próximos tres años la productividad caerá y se mantendrá estable en 2025-26. Sin mejoras en la productividad, la reducción de la jornada laboral replicará la caída en las horas trabajadas: si se reduce la jornada 1 h/año, la producción total caerá un 9% en cinco años. Para recuperar la producción inicial, la productividad del trabajo debiera subir un 1,9% anual. Si además se quisiera aumentar la producción —lo que parece deseable para absorber el alto desempleo escondido—, debiéramos aspirar a aumentos de productividad entre 3 y 4% al año, cifras no vistas desde la década de los noventa.

Ya conoceremos el paquete del Gobierno, pero la tarea es titánica.

Una idea —adicional a cosas estándar como mejorar el ambiente social y político— es lo que Sunstein y Thaler llaman “nudge”, empujoncito. El subsidio compensatorio del salario mínimo permite ver uno. La presión salarial afectará a todas las empresas, pero no todas ven que tienen margen de maniobra y menos pueden estimar el esfuerzo requerido. Para inducir que las empresas se esfuercen e inviertan, el empujoncito consiste en darles una idea de cuánto es el esfuerzo consistente con su sustentabilidad.

Pongamos como referente la mantención de la producción actual. En dicho caso, las empresas deberían aumentar su productividad laboral en 1,9%. Una empresa que factura 3.000 UF anuales, con dos operarios ganando el mínimo, debe mejorar su eficiencia en $58.000 por mes aproximadamente, o sea, un 1% de la facturación. Si el horizonte se duplica, el esfuerzo se reduce a la mitad.

¿Cómo hacerlo? Las opciones de apoyo público —capacitación, tecnología, mercados— son múltiples, pero ponerle números razonables puede ser el “empujoncito” para inducir el esfuerzo. El subsidio debiera ser algo menos que la compensación inflacionaria y desaparecer en el mediano plazo, por ejemplo, anunciando que regirá solo una cierta cantidad de años. Ese monto inferior y esa duración de su entrega deben comunicarse muy didácticamente como una meta a alcanzar, una ganancia de productividad deseable y necesaria para la empresa, sus trabajadores y el país.

Guillermo Larraín
Académico FEN, Universidad de Chile