En un hecho internacionalmente inédito, el pleno de la Convención decidió incluir a nivel constitucional una norma que consagra el aborto libre, sin siquiera hacer mención de plazo ni causales. El texto aprobado, luego de reconocer la existencia de “derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural”, asegura “a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar... una interrupción voluntaria del embarazo”. Con ello, se cierra el espacio a un legítimo debate democrático sobre una materia que está lejos de encontrarse zanjada en nuestro país y que llevará a que millones de ciudadanos se sientan excluidos de la Constitución. Es más, una iniciativa parlamentaria de aborto sin causales dentro de las primeras 14 semanas de gestación fue rechazada hace solo algunos meses por el Congreso, en línea con lo que han mostrado encuestas como la Bicentenario UC, en que el apoyo al aborto en toda circunstancia alcanza solo al 24%.

Su consagración ahora en la Constitución parece más bien ser una forma de eludir la concreta discusión pública del aborto libre, mezclándola con las otras materias que se incluirán en la propuesta constitucional; por ejemplo, los derechos sociales. Con ello, se impide que un debate como este se dé en su mérito en el Congreso y tampoco se deja espacio para interpretación en los tribunales.

Y es que en definitiva un sector no acepta que esta materia sea objeto de debate democrático, estableciendo una especie de cancelación del tema. El pensar o plantear algo distinto es calificado derechamente como una inaceptable agresión. Las palabras en el pleno de la convencional Patricia Politzer, de Independientes No Neutrales, confirman aquello: “Me rebelo contra quienes se oponen al aborto argumentando que están a favor de la vida. Esta es una afirmación de una violencia extrema...”.

Lo aprobado, según lo han afirmado diversos convencionales, representa una demanda transversal del “Colectivo Feminista de la Convención Constitucional”, que ha logrado conseguir el apoyo para una serie de otras normas, como la controvertida disposición que obliga a que los jueces deban resolver con “enfoque de género”. Ello da cuenta del marcado carácter identitario que tendrá el texto constitucional, donde se superponen distintos intereses particulares y se establece una especie de alianza de apoyo recíproco para conseguir la aprobación de las normas y causas que a las distintas agrupaciones les interesan, en detrimento, muchas veces, del interés general. Lo planteado en el pleno por la convencional del pueblo colla, Isabel Godoy, resulta esclarecedor. Al igual que todos los escaños reservados, votó a favor de la norma sobre aborto libre, y al argumentar sostuvo: “Siendo los derechos sexuales y reproductivos temas tan importantes, pero no lo son tanto para nuestras demandas como pueblos originarios. Sin embargo, empatizo con las compañeras que llevan esta lucha; por eso pido lo mismo para nuestra causa (...) Piensen que con el mismo sentimiento que ustedes tienen en la demanda de derechos sexuales y reproductivos los pueblos originarios la tenemos por nuestros territorios, la tierra, el agua, los bienes naturales comunes”.

Una Constitución es algo muy distinto a una suma de causas o intereses particulares. La profundización hasta extremos insospechados del carácter identitario se opone a la pretensión de una Constitución que nos una a todos. De no darse un giro a esta tendencia, podrá tal vez aprobarse un texto en el plebiscito de salida (el resultado en favor del apruebo, en todo caso, no está asegurado), pero el objetivo buscado de alcanzar una Constitución que nos una estará muy lejos de alcanzarse. Sería un fracaso para nuestra convivencia.