Un duro choque con la realidad de la violencia en La Araucanía es el que debió enfrentar ayer la ministra del Interior, en su primera visita a esa zona, cuando cortes de caminos y disparos al aire impidieron su llegada a la comunidad de Temucuicui, donde se reuniría con la familia de Camilo Catrillanca, el comunero muerto por Carabineros en 2018. Es destacable que, pese a esta acción condenable, la ministra haya continuado con sus actividades en la zona, junto con enfatizar en sus declaraciones la decisión de no dejarse intimidar. Llama la atención sin embargo la ausencia en sus dichos de referencias más claras a lo que constituye la arista más grave de lo ocurrido ayer: la confirmación de que existe una parte del territorio nacional a la cual el ingreso de los representantes del Estado aparece en los hechos vedado. Se trata de una situación que no es nueva. Si ya en 2017 la administración Bachelet debió desistir de realizar allí el último censo, en el pasado gobierno al menos dos grandes operativos policiales culminaron en enfrentamientos armados y, en uno de los casos, con la muerte de un efectivo de la PDI. Las investigaciones han establecido además la existencia de diversas actividades ilícitas en ese lugar; en particular, el cultivo de droga y la tenencia ilegal de armas por parte de algunos de sus dirigentes. En definitiva, se ha ido configurando una suerte de enclave, al amparo del cual ciertos grupos desafían el Estado de Derecho y, enarbolando mañosamente las banderas de la causa indígena, llevan a cabo acciones delictuales a menudo lucrativas.

Ciertamente son muchos los factores que confluyen en la situación que se vive en la llamada macrozona sur y es evidente la legitimidad y urgencia de las demandas de integración y reconocimiento por parte del pueblo mapuche. Asumir la complejidad del problema impulsando respuestas integrales es así un deber de las autoridades, pero no cabe esgrimir esa complejidad como argumento para relativizar la gravedad que específicamente ha alcanzado el fenómeno violentista y la responsabilidad de hacerle frente. Justamente por eso es cuestionable la renuncia anticipada por parte del nuevo gobierno a utilizar herramientas, como la renovación del estado de excepción actualmente vigente, de que dispone para cumplir esa tarea. Al planteamiento de la ministra vocera, en cuanto a que rigiendo dicho estado de excepción han ocurrido hechos como el de ayer, bien podría oponerse la pregunta de qué otras situaciones aun peores podrían haberse dado de no mediar este. Más que esa estéril discusión, sin embargo, lo preocupante es que se pretenda instalar cual opciones excluyentes la búsqueda del diálogo y el legítimo uso de todos los instrumentos que la institucionalidad les entrega a las autoridades para enfrentar una violencia desbordada. Suponer que el logro de entendimientos que permitan llevar la paz a esa región pasa por debilitar previamente la acción del Estado ante quienes amedrentan y siembran el terror constituye un grave error, como muestra toda la experiencia comparada. Inentendible es, por lo mismo, que la propia ministra del Interior utilice expresiones como la de “presos políticos mapuches” para referirse a quienes han sido condenados o se encuentran imputados por delitos contra la vida y los bienes de otros ciudadanos, incluidas víctimas de esa misma etnia.

Sucesivos gobiernos han fracasado en sus esfuerzos por abordar la situación en La Araucanía, con el consiguiente progresivo escalamiento del problema. Es así no solo legítimo, sino necesario que la actual administración busque nuevos caminos en esta materia, pero ellos deben partir por reconocer la grave realidad que hoy allí se vive, más allá de cualquier voluntarismo. En este sentido, las circunstancias en que se dio el ataque sufrido ayer por la comitiva de la ministra del Interior sugieren —como han señalado dirigentes oficialistas e incluso miembros de la familia Catrillanca— dosis de improvisación que no resultan admisibles. Sería por cierto apresurado demandar de una administración que recién se inicia soluciones que no han sido halladas en más de dos décadas desde que ocurrieran los primeros hechos de violencia en la zona. Con todo, no cabe ocultar que el episodio de ayer y la reacción por parte de las nuevas autoridades generan aprensiones y dudas respecto de la estrategia con que se enfrentará el que constituye uno de los problemas más graves que golpean al país.