Escribir una Constitución es una oportunidad para crear condiciones para un mejor funcionamiento del Estado, pero si las cosas no se hacen bien, puede suceder lo contrario.

Hay al menos dos condiciones para que el Estado pueda responder a las necesidades de las personas. Que cuente, de manera sostenible, con los recursos —financieros y humanos— y que tenga una organización que lo haga eficaz, enfocado en las necesidades de sus habitantes, sin corrupción y sin despilfarro de recursos.

El pleno de la Convención aprobó, luego de varias sesiones, 35 artículos con propuestas de su comisión sobre Forma del Estado.

A mi juicio, lo aprobado no está encaminado a que mejoremos nuestro Estado. Al contrario, lo debilita.

Se ha aprobado que en nuestro país se establezca un “Estado regional”, conformado por “entidades territoriales autónomas”. Se establece que estas “regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley” (artículo 5).

Para esto se crean nuevos órganos colegiados: la Asamblea Regional, el Consejo Social Regional y el Consejo de Gobernaciones, cada uno con diversas atribuciones en la elaboración de políticas públicas y en la gestión del Estado.

Uno de los problemas que se han ido agudizando en el país en los últimos años es la fragmentación política. En el Congreso están representados más de 20 partidos. Llegar a acuerdos es cada vez más difícil. Estas normas agregarían una fragmentación territorial que haría aún más difícil la búsqueda de soluciones y la construcción de acuerdos para enfrentar los problemas y desafíos del país.

Es fácil imaginar el amplio campo para conflictos permanentes entre las autoridades nacionales y los nuevos gobiernos de “entidades territoriales autónomas” con sus propias autoridades: gobernadores, gobierno regional, asambleas regionales y consejos sociales regionales.

A ello cabe agregar que, según se aprobó, cuando se trate de “materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta constitución”, “los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado” (artículo 7).

A esta mayor complejidad contribuirá, si prosperan estas normas, la ampliación del elenco de competencias de las autoridades regionales, incluyendo “establecer contribuciones y tasas dentro de su territorio, previa autorización por ley” y “la creación de empresas públicas regionales”. Lo cual hará más difícil el manejo de las finanzas públicas.

Hay otras competencias, como “la planificación e implementación de la conectividad física y digital”, que ponen en riesgo el aprovechamiento de las economías de escala y de red. Piénsese en la red eléctrica nacional, en la red vial o en la normativa para regular internet y desarrollar 5G. ¿Qué sucede si una región autónoma rechaza los términos de un proyecto de la red eléctrica o digital necesario para el suministro nacional y se opone a su instalación o establece condiciones que lo hacen inviable? Todo esto cuando estas redes son cada vez más importantes para la economía digital y donde la rapidez en la toma de decisiones y su implementación son claves para el progreso.

Somos un país pequeño, los países grandes tienen ventajas que nosotros no tenemos, pero por nuestro tamaño podemos aprovechar las ventajas de un Estado unitario. Por cierto avanzando en una mayor descentralización en todo lo que diga relación con bienes públicos locales, pero con unidad en los bienes públicos nacionales.

Es preocupante ver cómo avanzan normas en el pleno constitucional que si bien en varios casos elimina las propuestas más extremas de las comisiones, deja abierto un amplio campo a las indefiniciones y conflictos. Todo ello a costa de la capacidad del Estado que tanto necesitamos para enfrentar los problemas y desafíos que tiene el país.

Es contradictorio que, al mismo tiempo que se encomiendan más tareas al Estado, se le impone una estructura más débil y fragmentada.

La descentralización y la regionalización no son buenas ni malas en sí, ni menos deben convertirse en una ideología. Lo importante son los resultados para las personas, y ellos dependen de que su diseño e implementación se adecuen a la realidad y experiencia del país.