Señor Director:

La grave situación ocurrida en el día de ayer con la ministra Siches y su comitiva en Ercilla recuerda uno de los posibles peligros que puede ocasionar la creación de autonomías territoriales indígenas. Dotar a estos territorios de autonomía política, administrativa y financiera, tal como suponen los artículos aprobados por la Convención hasta ahora, es a todas luces un riesgo (y una ilusión ingenua) cuando incluso la segunda autoridad del país tiene vetado ingresar a ellos, y donde ni siquiera los servicios del Estado logran entrar a cumplir con su labor. Recordemos que a los voluntarios del Censo también los amedrentaron a balazos el año 2017 en Temucuicui.

Durante la discusión constitucional, muchos convencionales han olvidado que esta clase de autonomía requiere condiciones para su adecuado despliegue. Respecto de los territorios indígenas, una de ellas es precisamente asegurar los requisitos mínimos para que pueda operar el Estado de Derecho. Por lo mismo, el problema no reside en la pregunta por los beneficios o la necesidad de una eventual autonomía, sino en la ingenuidad (inconsciente o deliberada) con que se aborda el tema. Basta ver, por ejemplo, las normas que se aprobaron en general en la comisión de Forma de Estado y que en unos días serán discutidas en el pleno.

En razón de ello, es indispensable entonces preguntarse: ¿han sido tomados en cuenta estos riesgos evidentes durante el debate constitucional? ¿Qué pasará con localidades que tengan problemas similares? ¿Cuántos abusos, delincuentes y narcotraficantes quedarían impunes bajo el manto de hermetismo que promueven las autonomías territoriales indígenas?

Álvaro Vergara N.
Guillermo Pérez C.
Instituto de Estudios de la Sociedad