El Gobierno entrante y la Convención son caras de la misma Moneda. No debieran serlo. Debieran tener objetivos y horizontes diversos, pero no los tienen. El proyecto constitucional es servil al ideario del Frente Amplio y Partido Comunista. Sin perjuicio que la Convención ha llevado la transformación que el Presidente prometió hacia una refundación, creo que ello no alcanza a incomodar al Presidente que, al momento de asumir su cargo, promete ante “los pueblos de Chile”. Si llegare a incomodarlo no será porque no comparta los nuevos cimientos que se propondrán “a los pueblos”, sino porque la refundación arriesgaría ser ratificada en el plebiscito. A su vez, lo que haga el aparato estatal estos meses será determinante para el proyecto refundacional (perdón, constitucional).

En principio, el Gobierno debe ser prescindente sin perjuicio de brindarle apoyo técnico, administrativo y financiero a la Convención. Pero es indudable que la nueva administración no solo tiene un origen común con la Convención (la revuelta violenta de 2019), sino un propósito compartido, parte del cual se ejecutará a través del programa de gobierno y parte a través de la nueva Constitución. Me temo que la prescindencia será absoluta cuando haya un juicio de valor crítico a los contenidos constitucionales y muy relativa cada vez que estos sirvan al objetivo refundacional.

Ya lo dijo el novel, pero hábil ministro Jackson: “Si se rechaza la Constitución, el nuevo gobierno puede quedar sin herramientas para ejecutar su programa”. Ante la perplejidad que el proyecto refundacional va generando, el ministro saca a relucir el gancho: los derechos sociales que, coincidentemente, comienzan a discutirse por estos días. Apuesta así a que la ciudadanía pondrá estos derechos por sobre cualquier duda respecto de cómo la Convención traza sus demás derechos y libertades y el diseño institucional que los hace posibles (o imposibles). Ante esta arremetida, conviene recordar que la promesa de más y mejores derechos sociales nunca dependió de la Constitución y que será imposible de cumplir en el país que dibuja la Convención, donde asoman afanes expropiatorios y la libertad de emprender y el orden fiscal se ven amenazados por empresas públicas regionales con pocas limitaciones. ¿Valdrá la pena caminar hacia una institucionalidad identitaria, separatista y con sistemas de justicia sin independencia por una promesa que no será cumplida?

El César debe serlo y parecerlo, pero el ministro Jackson no es el César, de ahí que quizás se permita estas intromisiones que ayudan a la causa. ¿Cuánto ayudan a los ciudadanos? Un Congreso Unicameral (porque bicameral no es) lleno de movimientos políticos y escaños reservados y sin contrapesos; un régimen de gobierno en que se respira un incipiente parlamentarismo; un Poder Judicial débil y con nuestras libertades endebles, puede permitirle al César, o al aspirante a serlo, perpetuarse en el poder por años. De ahí que este cambio de mando, relevante en sí mismo por el giro generacional y político que implica, pasa a segundo plano al lado de lo que se forja en la Convención.