Múltiples son los desafíos del nuevo gobierno. Desde luego, aunque no es directamente su responsabilidad, no puede renunciar a influir para que la Constitución que se escriba en los próximos meses tenga un sello que posibilite que las distintas sensibilidades políticas y culturales se sientan acogidas por ella. Si ello no ocurre, el proceso constituyente habrá sido un fracaso y la imagen de la nueva coalición que ha llegado al poder quedará debilitada. Las Constituciones deben minimizar los sesgos ideológicos y un signo de madurez política es no dejarse arrastrar por una coyuntura política específica. No debe intentarse zanjar los debates democráticos, que son propios de la vida política en común, en una Constitución. Por lo demás, la primera vuelta de la elección presidencial dejó en claro que la mirada que representa el nuevo gobierno está lejos de ser mayoritaria.

La agenda promovida por el nuevo gobierno es la más estatista desde 1990 y no está particularmente alineada con la conformación del Congreso. Se requiere, entonces, flexibilidad de ambos poderes para encontrar un equilibrio razonable; pero indudablemente la principal responsabilidad recae en el Gobierno. Más todavía si se recuerda que fue muy duro en su papel de oposición. Posiblemente, el mayor espacio de acuerdos se encuentre en la generación de mayores seguridades para la población frente a fenómenos que están fuera de su control, como enfermedades graves, pérdidas prolongadas de empleo, situaciones de vulnerabilidad económica persistente, vejez o delincuencia y narcotráfico. Esto requiere de recursos y de un pacto tributario y fiscal. En su primera dimensión dicho pacto requiere de una reforma mejor diseñada que la insinuada hasta ahora, y en la segunda, una regla fiscal creíble y un uso más eficiente y efectivo de los recursos públicos.

Un desafío adicional es construir una mayor gobernabilidad. La constante refriega política, la realidad de La Araucanía y la descontrolada migración en el Norte, entre otros aspectos, poco contribuyen a lograr ese propósito. La población constata estas situaciones con decepción, porque revela un mal funcionamiento de la política y del Estado. En este contexto, es natural que exija del Gobierno capacidad de abordarlas. La nueva administración ha sugerido que tiene estrategias distintas y mejores que la saliente para abordar esos problemas. Son promesas que serán escrutadas. En diversos ámbitos ha creado expectativas difíciles de satisfacer, en particular en el actual contexto que incluye una pandemia aún en desarrollo, una economía con poca fuerza y un escenario internacional complejo. Gestionarlas es imprescindible si el Gobierno quiere mantener un grado razonable de popularidad que facilite la intensa negociación política a la que estará sometido.