Señor Director:

Ya es definitivo. La Convención Constitucional aprobó una norma que consagra dos sistemas de justicia paralelos —uno para indígenas y otro para no indígenas—, sin que puedan realizarse más que modificaciones meramente formales en la comisión de Armonización. Un asunto fundamental, que no formó parte de las demandas sociales y que se discutió apresuradamente durante el mes de febrero, ya forma parte de la propuesta constitucional definitiva.

A la falta de información, habría que sumar las indefiniciones de la redacción aprobada. Queda sin resolver quién ejercería la jurisdicción indígena, las materias sobre las que se extiende, qué ocurre cuando hay conflictos entre personas indígenas y no indígenas, o cuando los indígenas prefieran la jurisdicción común y, especialmente, si las decisiones quedan o no sometidas al control de la Corte Suprema.

En suma, se acabó el debate sobre una norma llena de incógnitas, cuando apenas comenzaba.

José Miguel Aldunate
Director de Estudios Observatorio Judicial