Desde hace 15 días, cuando se iniciaron las votaciones en el pleno de la Convención Constituyente y, además, múltiples votaciones finales en las 7 comisiones en que se organizaron temáticamente los convencionales, se han iniciado o más bien proseguido con más fuerza las críticas a la Convención.

El espectro de críticas es muy amplio y van desde la ilegitimidad de origen, hasta comentarios negativos sobre los contenidos que se debaten indistintamente para que se rechacen o aprueben en las comisiones y/o en el pleno. La crítica a este proceso es completamente legítima en un régimen democrático como el que vivimos y mi opinión es de respetar esas críticas y bajo ningún aspecto censurar la libre manifestación de esas opiniones. Sin embargo, no comparto la mirada global sobre el actual proceso constituyente en base a la poca valoración, tanto del proceso democrático que instaló a la Convención como de las condiciones políticas y sociales que le dieron origen.

La Convención Constitucional es completamente legítima y con ella ha funcionado en plenitud el sistema democrático. Cabe recordar que su origen está en una reforma constitucional aprobada por amplísima mayoría en el Parlamento actual, con un contundente respaldo ciudadano en el plebiscito de entrada, 78% de aprobación, y una elección de los convencionales plenamente acorde con un sistema electoral democrático, con voto voluntario, libre, secreto e informado y, adicionalmente, con dos características propias: la paridad de género en el resultado y 17 escaños reservados para los pueblos originarios.

El que la derecha no haya obtenido el tercio de la Convención, condición final de este sector para aprobar y firmar el acuerdo del 15 de noviembre, no es responsabilidad de la Convención y no es más que el resultado de la soberanía popular en dicha elección. Asimismo, el que la mayoría de dicha institución sea de izquierda y centroizquierda es el resultado del voto ciudadano y no de una imposición autoritaria. De tal manera que las más diversas críticas al funcionamiento de la Convención por sus resultados electorales, me parecen profundamente antidemocráticas.

Era evidente que el rechazo a la Convención, por su origen, procedimientos y contenidos, proviniera de aquel sector que en el plebiscito de entrada votó por el rechazo a una nueva Constitución, el 21%, y lo que llama la atención es el surgimiento de un movimiento autodenominado “los amarillos”, constituido por personas que en su amplia mayoría votaron apruebo y que hoy día en las manifestaciones públicas de ese grupo no se diferencian mucho en la crítica a los que votaron rechazo.

La otra consideración que me conduce a discrepar con los planteamientos críticos hacia la Convención, es no considerar la fuerza que tuvo el origen del proceso constituyente. Nunca en la historia de Chile un movimiento social de tal envergadura condujo a un plebiscito de entrada con el resultado ya conocido. El estallido del 18 de octubre, la marcha más grande en la historia de Chile el 25 de octubre y la huelga general del 12 de noviembre, son hechos inéditos en la historia de nuestro país por su masividad, espontaneísmo y altos grados de violencia. Esa expresión ciudadana inorgánica y sin conducción se legitimó en el plebiscito de entrada y manifestó la voluntad ciudadana mayoritaria por una nueva Constitución, signada por la expectativa de cambios sustantivos en el sistema político y económico vigentes. Asimismo, cabe recordar que el actual proceso constituyente es completamente distinto a como se generaron las tres constituciones de mayor vigencia en la historia de Chile.

La de 1833 fue el resultado del triunfo conservador en la guerra civil de 1829 y como respuesta a la Constitución liberal de 1828, además de ser redactada por no más de 10 personas, todas nominadas por el Ejecutivo triunfante y sin plebiscito de entrada ni de salida. La Constitución de 1925 es hija del golpe militar del 11 de septiembre de 1924 y como respuesta al régimen parlamentario y a la emergencia de la cuestión social en el centenario de la República, redactada por personas nominadas por el Presidente de la República, sin plebiscito de entrada y con un plebiscito de salida marcado por una abstención de más del 50% de los electores. La Constitución de 1980 es hija del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y como reacción al régimen democrático que se consolidó en Chile entre 1932 y 1973, redactada por no más de 10 personas, todas nominadas por el Ejecutivo, sin plebiscito de entrada y con un plebiscito de salida completamente fraudulento.

Creo necesario, respetando las críticas a este proceso, valorarlo en su dimensión histórica y en su impecable procedimiento democrático, y confiar en las fuerzas políticas más organizadas de dicha Convención que nos debieran conducir hacia una propuesta de Carta Fundamental caracterizada por la mayor libertad, la mayor justicia social y el respeto a todas las diversidades.