Si bien es cierto la Convención Constitucional se encuentra en etapa de elaboración de propuestas de articulado a nivel de comisiones, aún falta un largo proceso —incluyendo los acuerdos por dos tercios de los convencionales—, frente a lo cual el llamado a la mesura se hace más evidente considerando especialmente ciertas posiciones atentatorias de los límites establecidos por el artículo 135 del texto constitucional vigente.

En su momento, la discutida cláusula de límites —que no está de más volver a recordar— impuso a la Convención el respeto del régimen democrático y republicano, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

No se trata de mantener statu quo alguno, como tampoco de hacer defensas corporativas, sino de imprimir cierta coherencia y orillas constitucionales al encargo realizado a los 154 convencionales, cuyos ejes son el respeto a principios básicos y asentados en el desarrollo paulatino del derecho internacional de los derechos humanos.

No resulta esperable el silencio de los profesionales del derecho, cuando a ratos se observan ciertas transgresiones a las máximas de experiencia, la tradición constitucional occidental, o lisa y llanamente se extralimitan principios básicos del Estado de Derecho democrático, que hace más de doscientos años la constitucionalización ha sistematizado de manera comparada. En concreto, con preocupación hemos observado estos días cómo se confunde la sana discusión con el rebase de los límites y principios señalados, o la legítima discrepancia u opinión entre poderes y órganos del Estado con una supuesta vulneración de la deferencia razonada.

Aún sostenemos la convicción de que el proceso constituyente es la salida institucional a la crisis política y de confianza que Chile vive, pero eso no significa olvidar los límites de ese proceso, honrarlos y cuidarlos, pues la ciudadanía observa con atención su desarrollo.

El éxito de la Convención demanda avanzar racionalmente en una discusión sin maximalismos o posiciones imposibles, sino disposición genuina para escuchar y alcanzar acuerdos ajustados a la realidad, la evidencia empírica y las señales de la ciudadanía, la misma que posteriormente deberá ratificar en un plebiscito nacional con voto obligatorio la propuesta de texto constitucional que se le haga.

Por ello, varias mociones abruman, pues pugnan directamente con principios del derecho internacional de los derechos humanos y tensionan al Estado de Derecho democrático.

En días pasados vimos algo de aquello en torno a la discusión sobre la libertad de expresión, la autonomía judicial y la separación de poderes, entre otros temas, a propósito de un intenso, y legítimo, intercambio de opiniones sobre estos últimos y en donde la Corte Suprema defendió la independencia judicial.

No es deseable un inicio de la discusión marcado por el cuestionamiento a asuntos tan delicados y técnicos como la independencia del Poder Judicial por medio de la relativización de la inamovilidad de los jueces o de la creación de consejos presidenciales de evaluación del desempeño judicial sin más claridad que una peligrosa intromisión del poder político en la judicatura.

Tampoco lo son propuestas contrarias a la libertad de emprendimiento o al derecho de propiedad, llegando incluso al absurdo de proponer la declaración de nulidad de pleno derecho de concesiones y otros títulos administrativos sin definición ni límites, lo que sencillamente envía una señal económica de incerteza jurídica alarmante para cualquier privado.

El tiempo transcurre rápido y pronto la Convención tendrá que decidir sobre la prórroga de su funcionamiento por tres meses más, y la prioridad no puede ser abocarse a nudos imposibles, en una discusión que enfrente posiciones de suma cero. Esta conducta no solo es ineficaz respecto de los propios fines planteados con la existencia del proceso constitucional, sino que además terminaría —paradojalmente— entregando la razón a quienes nunca creyeron en la virtud del Apruebo, subsidiando su incredulidad y falta de compromiso.

Cuidar el proceso constituyente es una tarea de todos y todas; por lo mismo, es necesario involucrarnos en un debate de buena fe, olvidando el individualismo y privilegiando la búsqueda de consensos colectivos. Aún no es tarde para hacerlo.

Felipe Harboe
Elisa Walker
Ignacio Castillo
José Gabriel Alemparte
Francisco Cruz
José Miguel Catepillán