A la luz de las normas constitucionales aprobadas en general, todo parece indicar que más que cuidar a la Convención los chilenos tendremos que cuidarnos de ella. Y es que se ha aprobado caducar, inmediatamente, las concesiones mineras, forestales y proyectos de generación eléctrica emplazados en territorios indígenas; nacionalizar, en “interés de los pueblos”, las empresas de bienes estratégicos, como el cobre y el litio, incluyendo los bienes de los contratistas de estas; caducar los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados y disponer su restitución en dos años y sin indemnización en buena parte de los casos; retirar a Chile del Ciadi; sepultar al Senado de la República, dando paso a un Congreso Unicameral Plurinacional (de 205 miembros, no crea usted que el espíritu es el de ahorrar recursos fiscales) al estilo de Venezuela, Perú y Nicaragua, al que llegarán los “movimientos políticos” que, sin ser partidos, competirán como si lo fueran; y se ha puesto en entredicho la independencia del Poder Judicial.

Un cóctel delirante que debiera poner nerviosos hasta a los más entusiastas con el proceso. Y es que convengamos que este y su resultado no son un fin en sí mismo. En otras palabras, el afán que anima a muchos a superar la “Constitución del 80” no puede ser a costa del bienestar de la población, de las futuras generaciones ni del porvenir de nuestra democracia. Menos aún cuando lo que lo inició fue justamente la promesa de que tras él la población estaría mejor, pues se habría removido, decía la consigna, el obstáculo para su bonanza (la Constitución actual).

¿Gozarán los chilenos de más y mejores derechos sociales si los recursos fiscales deben destinarse, en vez, a pagar expropiaciones y honorarios de abogados que defenderán al Estado chile

no en cortes internacionales del delirio constitucional? El “interés de los pueblos”, que se enarbola, ¿será el de los trabajadores de la minería en Calama o Tierra Amarilla o, más bien, el de la revolución criolla chavista que inspira a varios convencionales y sus asesores?

¿Qué pensarán los agricultores, los trabajadores de las regiones forestales o de generadoras eléctricas a lo largo del país cuando escuchan que los convencionales han aprobado caducar su fuente laboral? ¿Y los contratistas y emprendedores chilenos que forman parte de la cadena de valor que ha emergido alrededor de estas industrias, sobre el decrecimiento, falta de oportunidades para sus hijos y el desempleo que esto augura? ¿Sabrán los constituyentes que la gran minería privada en Chile junto a Codelco y Enami han sido grandes impulsores de mejoras a la institucionalidad ambiental y de innovadoras normas de seguridad laboral? Cuando la modernidad toque nuestra puerta buscando cobre y el litio para producir autos eléctricos y robots, ¿responderemos con tecnología de punta, trabajadores capacitados y especializados y con royalties y patentes a la altura del desafío, o con el pasado y pesado estatismo de los 70 al que nos lleva la Convención? ¿Quiénes estaremos en una tragedia griega si no se enmienda el rumbo? ¿La derecha, como dijo la convencional Bessy Gallardo, o todos los chilenos?

Pero hay quienes aún no le toman el peso al problema. Total, dicen, esto lo arregla el pleno por 2/3. Pero cualquiera que haya visto sesiones del pleno sabe que ahí no se producirá el “milagro”. En el pleno un convencional explica, en dos minutos, la propuesta para luego votarla. Como en el pleno no se reflexiona ni se persuade a nadie, lo que allí ocurre es una cuestión transaccional en que las malas ideas se aprueban igual, pero se les agregan elementos que las harán un poco más digeribles, confusas o difíciles de aplicar, como ocurrió con la aprobación del plebiscito dirimente. Pero la solución a la que se arriba está lejos de ser óptima.

Es cierto que restan etapas en la discusión, pero visto el marco establecido para el debate me parece de una ingenuidad o voluntarismo brutal pensar que cambiarán radicalmente de opinión y producirán, por estar reunidos en pleno y por 2/3, soluciones deseables y eficientes. Porque asumo que si usted votó Apruebo o guardaba esperanzas en este proceso —que ha sido complejo y costoso para el país— no fue para retroceder varias décadas de progreso y competitividad o para terminar con soluciones “menos malas” que las propuestas a la fecha. Menos para echar por tierra nuestro porvenir para satisfacer gustitos revolucionarios que solo traerán pobreza y desesperanza. Tal vez hay que empezar a pensar en alternativas, como que el Congreso Nacional se aboque ya a hacer sendas reformas a la Constitución actual, y abandonar el desenfreno que muestra este proceso.