La vigorosa recuperación de la economía chilena en 2021 fue impulsada tanto por fuerzas externas como internas. Entre las primeras destacan un alto crecimiento de China y de los países avanzados —especialmente Estados Unidos—, un alto precio del cobre y favorables condiciones financieras externas. Entre las segundas habría que mencionar políticas fiscales, monetarias y crediticias muy acomodaticias, especialmente el ingreso familiar de emergencia, y los cuantiosos retiros de fondos destinados a las pensiones.

Esta combinación de fuerzas llevó a que el Imacec de diciembre pasado, ajustado por estacionalidad y días trabajados, fuera 8,1% por encima de su nivel pre-estallido social, a pesar de los efectos de la pandemia, y superando en cerca de 5% su nivel potencial. El fuerte crecimiento de la demanda, que hizo posible la gran recuperación de la economía chilena, ha generado también una inflación que supera el 7% anual, e incrementado sustancialmente el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. La pronunciada alza de la inflación ha llevado a que las expectativas de inflación a dos años se alejen de la meta de inflación del Banco Central, arriesgando generar una espiral inflacionaria.

Las dos fuerzas que han impulsado el crecimiento del año 2021 no estarán disponibles este año. En el entorno externo, todo apunta a que la economía global se va a desacelerar, afectada por la reducción de los impulsos fiscales y monetarios en los países avanzados, la desaceleración de China y los efectos de los nuevos aumentos de contagios en la movilidad y la oferta laboral. De hecho, revisiones recientes apuntan a que la desaceleración de la economía global de este año sería incluso más pronunciada de lo proyectado hace solo unos meses, como resultado, en parte, de una mayor desaceleración de Estados Unidos y de China (ver FMI, Perspectivas de la Economía Global, enero 2022 y Banco Mundial, Perspectivas Económicas Mundiales, enero 2022).

En el frente interno, la economía está reduciendo sus estímulos monetarios y fiscales para reducir el sobrecalentamiento, y así controlar la inflación y evitar un mayor deterioro de la solvencia fiscal. Cabe destacar que los problemas de inflación crónica, crisis de pagos externos y solvencia fiscal son las causas más comunes tras las crisis macroeconómicas y sociales que han golpeado en el pasado a nuestro país y que todavía golpean a importantes países de la región.

El frente externo no sólo se ha deteriorado en los últimos meses, sino que también han aumentado los riesgos de un mayor deterioro. En particular, han aumentado los riesgos de una mayor duración de la pandemia, de una desaceleración más profunda de Estados Unidos y de China —dos de los mercados más importantes para nuestras exportaciones—, de una inflación alta más persistente en Estados Unidos y la Zona Euro, que podría derivar en alzas más pronunciadas en las tasas de interés de la FED y del BCE —gatillando un menor apetito por riesgo y un deterioro abrupto en las condiciones financieras externas—, y de un conflicto geopolítico en el Este de Europa. Estos factores hacen aún más necesario y urgente llevar adelante el proceso de ajuste en que está embarcada nuestra economía.

Alcanzar tasas de crecimiento sostenibles del 4% o más requiere no sólo hacerse cargo de los problemas de sobrecalentamiento y fortalecer la solvencia fiscal, sino además crear las condiciones para un aumento del producto tendencial. Para esto no sólo es necesario estabilizar la economía, sino que también mejorar el ambiente para la inversión y la innovación, y reducir las tensiones sociales. Esto pasa por reducir la incertidumbre sobre los derechos de propiedad, mejorar el cumplimiento del Estado de Derecho y enfrentar las demandas sociales con medidas fiscalmente responsables y que no dañen las posibilidades de crecimiento.

El gobierno que se inicia ha mostrado reiteradamente su preocupación por la estabilidad macroeconómica y la solvencia fiscal. La muestra más reciente de tal preocupación ha sido la elección de Mario Marcel como ministro de Hacienda, persona que conoce por dentro el funcionamiento del Estado en Chile. Su paso por el Banco Central lo llevó a fortalecer su preocupación por la estabilidad como pre-condición para el crecimiento y para proteger a los más pobres del impuesto más regresivo, como es una inflación alta.

Reducida esta fuente de incertidumbre, quedan otras dos relevantes. Primero que el resto del equipo del nuevo gobierno y su coalición se alineen con la postura del Presidente electo y del Ministro de Hacienda. Segundo, que la Convención Constitucional se concentre en preparar una propuesta de Constitución que cree un marco que le permita a Chile seguir progresando, haciéndose cargo de las nuevas demandas sociales —en pensiones, salud, educación y descentralización, entre otras—, y de los problemas medioambientales que se han acumulado en los últimos años. Varias de las propuestas aprobadas recientemente por las comisiones distan mucho de este marco, contribuyendo a crear más incertidumbre. En esto es importante tener en mente que hasta hoy no se ha inventado ningún modelo más exitoso para progresar —y ha habido numerosos experimentos fallidos— que el capitalismo de mercado con instituciones inclusivas robustas, derechos de propiedad claros, respeto por el Estado de Derecho, abierto al mundo y con mercados competitivos.

Elementos de este modelo no sólo resultaron en un gran salto en el producto per cápita mundial a partir de fines del siglo 18, sino que también permitió que millones de familias salieran de la pobreza extrema y mejoraran su estándar de vida en el Este de Asia y otras regiones del mundo. Ejemplos recientes de versiones de este modelo son los casos de China post reformas de fines de los setenta y los de la India y Chile en los últimos 30 años.

Lo que cabe ahora es que en el corto plazo la nueva administración se haga cargo de completar el ajuste fiscal incluido en el presupuesto ya aprobado de este año, lo que ayudaría a avanzar en el control de la inflación. Dado que la capacidad de crecimiento está copada, el crecimiento de este año estará limitado por su tasa potencial, que es baja. Por otro lado, el crecimiento de los próximos años estará condicionado a las capacidades de la Convención de hacer una propuesta constitucional que compatibilice sus propuestas en las distintas áreas —con una institucionalidad que sea favorable a un crecimiento inclusivo y amigable al medio ambiente—, y de la nueva administración de compatibilizar su programa de reformas estructurales con crear las condiciones para incrementar el crecimiento tendencial. De otra forma, será muy difícil para la nueva administración alcanzar sus objetivos reformistas y la expansión sostenible de los derechos sociales.