Desde una primera vuelta presidencial polarizada, con propuestas maximalistas, el país ha vivido un proceso de moderación. Hace meses que el Presidente electo Gabriel Boric optó por un discurso integrador y más moderado, que destaca la importancia de los acuerdos amplios y la estabilidad.

Este mensaje ha ido más allá de las palabras, ha significado ampliar la coalición vencedora hacia sectores de la ex Concertación. La designación de Mario Marcel como ministro de Hacienda es una prueba contundente. Un reconocido economista, que se ha distinguido por la defensa de los equilibrios fiscales y por la importancia de los incentivos en las políticas públicas. Basta mirar su participación en la comisión de la reforma previsional del 2008, como su actuación en la presidencia del Banco Central respecto de los retiros de las cuentas previsionales.

La nominación del equipo ministerial puede ser vista como una fuerte señal de que el próximo gobierno más que optar por un camino refundacional, lo que pretende es comenzar un proceso de transformaciones sociales de mediano plazo hacia un país más inclusivo. La caída del valor del dólar y el alza de la bolsa de valores dan cuenta que los agentes económicos así leyeron el mensaje.

¿Esto es suficiente para que el sector privado vuelva a jugar un rol relevante en el crecimiento del país? Difícil. Desde su instalación, el futuro gobierno tendrá que enfrentar decisiones complejas. El Presidente electo ha planteado que se honrará el presupuesto 2022. Este implica un recorte importante del gasto. ¿El gobierno resistirá la presión de aumentar el gasto si la economía presenta un crecimiento cercano a 0 y el empleo no repunta a niveles pre-pandemia? ¿Podrá soportar la presión de condonar el CAE, que por sí solo echa por tierra el compromiso fiscal? ¿Tendrá la capacidad de ordenar a toda su coalición para no apoyar un quinto retiro de las cuentas individuales? ¿Cuánta gradualidad tendrá la implementación del ingreso mínimo garantizado que implica gastos sobre un punto del PIB por año? ¿Cómo se manejará e implementará el banco de desarrollo que se plantea como la solución a casi todos los problemas de crecimiento en Chile? ¿Qué tan maximalista será la reforma tributaria y, en particular, el royalty para no sofocar sectores claves de nuestra economía?

Pero lo más complejo, sin duda, será cómo se relacionará la próxima coalición de gobierno, particularmente el Presidente electo, con la Convención Constitucional. Por lo visto, puede transformarse en un continuo dolor de cabeza para el futuro Ejecutivo. ¿Cómo se hace compatible mostrar que el país está buscando un camino ordenado con las reformas que busca impulsar, si después de nombrar un ministro de Hacienda como Mario Marcel, la comisión de Medio ambiente de la Convención aprueba, en general, normas que implican la nacionalización/expropiación de las empresas mineras. ¿Es posible dar confianza si la Convención presenta propuestas que implican que los fondos de pensiones deberán ser depositados en la cuenta única fiscal de la Banca Pública, estableciendo que cualquier empresa que reciba sus recursos deberá pasar a tener un 52% de su propiedad en manos del Estado? ¿O caducar los derechos de agua, en muchos casos sin indemnización?

Un ambiente propicio para el crecimiento solo será posible cuando tengamos certezas en materia constitucional. Si la coalición de gobierno y su líder, el Presidente electo, buscan dar confianza en el devenir económico del país, no pueden obviar el debate de los constituyentes. De lo contrario, todos los esfuerzos realizados hasta ahora no tendrán éxito. Habrá sido como arar en el mar.