El Presidente electo, Gabriel Boric, ha planteado que el contrato social en el país está roto, y que una de sus expresiones objetivas es que la promesa de igualdad y de inclusión no ha sido cumplida. Desde el punto de vista de la economía, el objetivo transformador que implica construir una sociedad colaborativa obliga a avanzar simultáneamente en tres ámbitos: asegurar nuevos recursos públicos en un ambiente en que se recupere la estabilidad macrofinanciera; impulsar reformas para que la población acceda a servicios públicos de calidad; y renovar el modelo de crecimiento para que la economía del día a día responda a las necesidades de la sociedad. Si alguna de estas tres dimensiones falla, el nuevo pacto social quedará con sus fundamentos debilitados y el objetivo del presidente Boric será difícil de cumplir.

La estabilidad macrofinanciera está tensionada por diferentes causas: el incremento del gasto público por sobre el crecimiento de la economía y de la recaudación tributaria, previo a la pandemia, que se tradujo en un persistente déficit fiscal y un aumento de la deuda; el incremento de más de 40% en el gasto público entre 2020 y 2021; y los retiros de ahorros previsionales en los mismos años. Todos estos factores pusieron a la inflación, el balance fiscal y la cuenta corriente en zona de riesgo.

Las nuevas autoridades están conscientes de la necesidad de restablecer la estabilidad macroeconómica, uno de los activos del país en las últimas décadas. El propio Presidente electo ha señalado que respetará el presupuesto del sector público -que considera una reducción del gasto de un 22%- y que las reformas avanzarán en la medida de que se aseguren ingresos permanentes. Se suman las declaraciones que apuntan a que la nueva administración no apoyará nuevos retiros de fondos previsionales.

En este escenario, una iniciativa presente en casi la totalidad de los programas de las candidaturas presidenciales como la reforma tributaria, pasa a ser un factor clave que requiere avances antes que la desaceleración de la economía ponga el foco en otros temas de la agenda. Sin duda esta es la fuente de los recursos permanentes que se necesitan para los cambios.

En segundo lugar, asegurar que la población acceda a servicios públicos de calidad es fundamental para darle sostenibilidad a un nuevo contrato social. Se requiere de transformaciones importantes en salud, el sistema de pensiones, el desarrollo de las ciudades -o los territorios-y la educación. Su viabilidad pasa por concitar acuerdos amplios.

En el pasado, reformas en estos ámbitos se han visto trabadas por disputas políticas. Por esta razón, la clave para evitar un nuevo fracaso es que la ciudadanía se involucre en las soluciones, no a través de las movilizaciones callejeras, sino recurriendo a mecanismos que permitan encauzar institucionalmente estos procesos. De manera creciente en el mundo, gobiernos y legisladores están explorando nuevos instrumentos para sumar a los ciudadanos en la gestación de soluciones innovadoras a los problemas públicos. La OCDE tiene registradas casi 600 experiencias de procesos deliberativos formales en sus países miembros.

Sin ir más lejos, después del estallido social de 2019, emergieron en Chile diversas iniciativas de escucha y deliberación en la sociedad civil, las que ahora han adquirido una nueva dimensión a través de los mecanismos de participación que ha abierto la Convención Constitucional. El sostenido aumento de la confianza ciudadana en dicha instancia en los meses recientes parece responder a estos procesos de participación a gran escala, que está permitiendo involucrar a las personas en definiciones importantes. El próximo gobierno deberá mejorar el funcionamiento de la democracia a través de estas instancias de participación.

El tercer pilar es el más complejo de construir. Requiere un cambio en la lógica de funcionamiento de la economía, moverse desde un modelo basado únicamente en la competencia a otro que combina los incentivos de mercado con la colaboración en torno a los desafíos sociales, como la creación de buenos empleos, el desarrollo de los territorios rezagados y la incorporación de conocimiento a las actividades productivas. Un contrato social sólido exige que todos los miembros de la sociedad puedan desarrollar sus potencialidades, y los mercados son deficientes en propender a este objetivo.

Abordar estas materias exige cambiar los viejos paradigmas y aceptar que el cambio de era del que estamos siendo testigos, obliga a incorporar la colaboración concreta del Estado, de las empresas y de la sociedad civil en cada territorio del país. El riesgo es repetir las mismas recetas del pasado, recurrir a políticas asistencialistas o a soluciones verticales desde el Estado que han demostrado reiteradamente su escasa efectividad. Para cambiar la lógica con que funciona la economía se requiere un acuerdo nacional, más amplio y ambicioso que el que se propuso el primer gobierno de la transición en 1990. Hoy resulta fundamental incorporar a las comunidades, abriendo las puertas a las nuevas generaciones.

En síntesis, el nuevo contrato social que el país necesita debe apoyarse en fundamentos económicos sólidos; restablecer los equilibrios macrofinancieros; mejorar los servicios públicos que aseguran los derechos sociales de la población; involucrar a la ciudadanía a través de procesos institucionalizados de participación; orientar el funcionamiento de la economía hacia los grandes desafíos de la sociedad; y generar un acuerdo nacional en favor de una sociedad más colaborativa.