Chile vive momentos de incertidumbre. A contar del 18 de octubre del año 2019 primó la idea que atribuyó al modelo de desarrollo y a la institucionalidad del país el haber generado las condiciones que desembocaron en un nivel de violencia irracional solo comparable con las peores crisis de nuestra historia republicana. El holgado resultado del plebiscito, en que el país optó por que una Convención redactara una nueva Carta Fundamental, así como la composición con la que esta quedó integrada, validaron a quienes impulsan un proyecto de cambio radical que ahora comienza a dar las primeras señales concretas del riesgo en que nos encontramos.

La historia, y lo que ocurre hoy en otros países, nos enseña que aquellas sociedades que han perdido su democracia y abandonado el camino a la prosperidad, conculcando las libertades más básicas, tienen elementos comunes: una política dominada por el personalismo; un sector empresarial abocado a defender su interés particular o gremial, en una cruzada de cada uno por “salvar sus muebles”; una prensa que mayoritariamente abandonó su deber de ejercer el control social, prefiriendo ser obsecuentes con marchas y manifestantes, sin un juicio crítico; y, por último, una sociedad civil anestesiada que prefiere silenciar al “pesimista” que pretende despertarla.

Los que creemos en la democracia, el estado de derecho y la libertad individual en sus distintas expresiones tenemos la responsabilidad inexcusable de defender las instituciones que son esenciales para su subsistencia. La experiencia de la oposición venezolana debiera ser un llamado de alerta para la centroderecha chilena. Tenemos que aprender del proceso que vivieron: personas valiosas, con gran liderazgo popular, pero que no fueron capaces de alinearse en un esfuerzo conjunto alrededor de lo que era realmente importante. Se consumieron en la disputa por el liderazgo de una opción política que se volvía cada vez más irrelevante, en la medida que su país se hundía en la pobreza y la opresión del chavismo.

Solo mencionar la palabra Venezuela provoca una especie de reacción refleja: denunciar la “campaña del terror” diciendo que eso “nunca va a pasar en Chile”. Si tuviéramos a nuestro sector político, que representa sistemáticamente entre el cuarenta y el cincuenta por ciento de los electores, enfocado en lo importante, siendo capaz de dejar a un lado las legítimas aspiraciones de cada uno, así como también una sociedad civil alerta, con personas que, desde el mundo empresarial, académico y sus más diversas expresiones, se atrevieran a plantar cara a la amenaza que significa seguir caminando en la línea que lleva la Convención Constitucional, efectivamente eso nunca podría ocurrir en Chile. Lamentablemente, no es lo que hemos visto hasta ahora.

Desde que comenzó este proceso hemos sido incapaces de abordarlo con un diagnóstico político común y, por lo tanto, con una posición unitaria alrededor de la defensa de los principios esenciales que compartimos. Tampoco ayudan partidos políticos renuentes a modernizarse para poder acoger a una ciudadanía que quiere participar, pero que no se siente representada cuando los ve actuar solo como máquinas electorales y no por causas que convoquen. Otro tanto hemos visto desde el sector empresarial, que parece oscilar entre cierta inhibición para salir de los estrechos bordes de sus actividades específicas y un cierto voluntarismo que se trasunta en la creencia de que todo va a retomar su cauce racional en algún momento.

¿Quién dijo que las organizaciones empresariales, por el hecho de serlo, no pueden levantar la voz en resguardo de un sistema democrático que garantice la alternancia en el poder, la libertad de expresión y de prensa; o que la Corte Suprema no puede defender un sistema de justicia independiente? Todo esto, y mucho más, ya se encuentra bajo amenaza concreta y real de perderse, atendidas las recientes votaciones en distintas comisiones de la Convención Constitucional y son muchas las organizaciones que tienen el legítimo derecho y el deber de enfrentar el proyecto que pretende demolerlas.

Pero este no es momento de recriminaciones. No es ese el sentido de estas líneas ni la intención de quienes las suscribimos, se trata de mirar hacia adelante, el momento actual no admite más que defender, democráticamente organizados, nuestra democracia y nuestros derechos. “Eso nunca va a pasar en Chile”, desde luego que no, si cada uno asume que el riesgo de que ocurra es real y que solo ejerciendo los derechos ciudadanos que todavía tenemos será posible evitarlo.

Esa es nuestra responsabilidad.

Marcela Cubillos S.
Abogada, Convencional Constituyente

Gonzalo Cordero M.
Abogado